Lo inaudito. Gerardo Vargas Landeros, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba como alcalde de Ahome, Los Mochis, fue detenido esta tarde por agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a pesar de contar con un amparo, esto a la salida de un hospital en el que recibía atención médica.

Vargas Landeros había pedido licencia a su cargo para colaborar con las autoridades, luego de una denuncia en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de patrullas por parte de su gobierno. Pese a ello, el Congreso del Estado de mayoría morenista decidió desaforarlo.

El ex alcalde Vargas recibía atención médica por problemas de salud, a la salida de este sitio fue detenido por personal de la Fiscalía, quienes, a pesar de que contaba con un amparo, procedieron a detenerlo, bajo el argumento de no haberse presentado a audiencia sobre el caso, no obstante, el acusado había presentado justificantes médicos, pues se encontraba impedido para hacerlo.

Los Mochis es la ciudad más segura de Sinaloa y la quinta con menor percepción de inseguridad de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI.

Este municipio también es el motor de las inversiones, ya que un gran número de empresas del sector energético como Sempra, Iberdrola, GPO, por nombra algunas, se han instalado en el Puerto de Topolobampo, a donde recientemente regresaron las rutas de los cruceros.

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Este caso ha causado polémica, debido a que ha trascendido que es un intento de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, para frenar las aspiraciones políticas de Gerardo Vargas, a quien casi todas las encuestas colocan como el favorito para convertirse en el siguiente mandatario de la entidad.

Las controversias han llegado hasta la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí el 1 de mayo, previo a que Vargas fuera desaforado, la mandataria hizo un llamado a las y los diputados locales para no utilizar esto como una herramienta política.

Llama la atención que 8 de los diputados que aprobaron el desafuero del entonces alcalde, todos pertenecientes a la bancada de Morena, habían aprobado la cuenta pública de su gobierno en la que presuntamente tuvieron lugar las irregularidades.