El Gobierno de Marina del Pilar, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de Baja California, presentó denuncias penales en contra de ex funcionarios de la pasada administración estatal, derivado de un probable daño al erario por el orden de los 12 mil millones de pesos por los compromisos adquiridos para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy de México.

"Y de la cual no se logró acreditar que su construcción se hayan realizado", se lee en el boletín de Marina del Pilar, apuntando directamente contra el exgobernador Jaime Bonilla, ambos del mismo partido: Morena. "El acuerdo hecho por la pasada administración arriesga el 19.5% de las participaciones federales del Estado para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California".

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, puntualizó que el contrato entre el anterior Gobierno Estatal y Next Energy es "totalmente desventajoso" para las finanzas públicas de Baja California, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.

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También hizo énfasis en que, en el terreno donde se supondría que Next Energy construirá una planta fotovoltaica, "no registra ningún avance físico", además de que "el proyecto tampoco tiene avances financieros", por lo que se trata de recurso público invertido en un proyecto que, así como se ha desarrollado, tiene un nulo beneficio para las y los bajacalifornianos.

Moreno Mexia puso como ejemplo lo sucedido en febrero pasado, cuando el Fideicomiso Afirme retuvo más de 123 millones de pesos por un acuerdo establecido desde hace un par de años. Por lo anterior, el secretario manifestó que la no construida planta fotovoltaica de Next Energy "representa un riesgo extremo para el financiamiento futuro del Estado".

Pues incluso pretendía captar recursos de los organismos operadores del agua que operan en la entidad, agregó el secretario de Hacienda de BC. Por su parte, que el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon, dijo que "se presentó una demanda de lesividad" con el enfoque de cancelar las entregas al fideicomiso, consiguiendo ya una suspensión de dicha obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El contrato de la administración de Jaime Bonilla con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es de un 200% mayor al costo en el mercado.

"Se trata", dijeron ambos funcionarios, "de una serie de acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva". Asimismo, se presentó un recurso de responsabilidad administrativa a ex funcionarios, además de una denuncia penal "en contra de quienes actuaron de manera indebida", bajo la premisa de que las acciones ejecutadas entre 2020 y 2021 colocan a la entidad bajo un riesgo financiero elevado.

"No será permitido por parte de las autoridades estatales a cargo de Marina del Pilar, que están comprometidas con la transparencia y con combatir la corrupción en todas sus formas", refirió el Gobierno del Estado. Moreno Mexia informó que "se tomaran las decisiones que fueran necesarias para que la administración no esté obligada a hacer un re-pago a una inversión que Next Energy no ha hecho".

"Y así lo evidencian recorridos hechos tanto en la zona donde no hay construcción como al supuesto domicilio de la compañía, que se trata de una vivienda particular", dijo el funcionario estatal. Por su parte, Pon añadió que, de acuerdo a especialistas, el contrato de la administración anterior con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es de un 200% mayor al costo en el mercado.

"Tratándose, pues, de un abuso a los contribuyentes de Baja California", dijo Pon, quien además explicó que "un acuerdo a 30 años no es viable" debido a la renovación tecnológica. "Muchos de los dispositivos de la planta terminarán por ser obsoletos, arriesgando el suministro de energía eléctrica (...) se trata de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad" para Avila Olmeda.