A inicios de junio pasado, el Gobierno Federal reconoció que la reforma constitucional impulsada para limitar las llamadas "pensiones doradas" contiene una contradicción que impide aplicar uno de sus principales cambios. La mirada se ha centrado sobre la antes Consejera Jurídica y hoy aspirante a la candidatura de Morena en Guerrero, Esthela Damián.

De acuerdo con un oficio fechado el 9 de junio, la modificación al Artículo 127 de la Constitución establece dos límites incompatibles entre sí: mientras el salario máximo de los servidores públicos en activo es la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las pensiones quedaron fijadas en un tope equivalente a la mitad de ese ingreso.

Este análisis lo hizo la actual titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, la cual -a partir del oficio del 9 de junio- concluyó que el tope de 50% se convirtió en letra muerta, es decir, en una norma Constitucional que no será aplicada.

"Ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente respecto... en virtud de que la pensión se calcula, ordinariamente, a partir del salario o remuneración obtenidos durante al etapa laboral activa", afirmó Alcalde Luján.

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Esa contradicción, en opinión de Luisa María Alcalde, necesita de un criterio que garantice continuidad entre el salario y la pensión (si esta contradicción genera "incertidumbre"), por lo que el límite aplicable será el equivalente al sueldo de la presidenta, tanto para los actuales jubilados como para quienes se retiren en el futuro.

Con esta precisión, las dependencias federales continúan pagando los retiros de alto nivel con un tope máximo de 134 mil 290 pesos mensuales netos (el ingreso de la mandataria), en lugar de ajustarlo a la mitad de esa cifra como proyectaba el texto original.