El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Campeche presentó una iniciativa para incluir la figura de Revocación de Mandato en la Constitución estatal, como lo ordena la Constitución federal, y abrir la posibilidad de que los campechanos puedan acceder a ese recurso.

Ricardo Medina Farfán, diputado al Congreso de la entidad, recordó que "el pueblo pone y el pueblo quita", por lo que, en representación del grupo parlamentario del tricolor, al anunciar la presentación de la iniciativa de reforma a la Constitución del estado, destacó que "se trata de una figura, un instrumento legal importante".

Señaló que la Revocación de Mandato está incorporada en la Constitución Política desde finales de 2019, y subrayó que en la misma Carta Magna se instruye a los estados a incluir esa figura en las constituciones locales, en un plazo que venció el 20 de junio del 2021. De aprobarse la propuesta, se podría destituir por medio de votación a la gobernadora Layda Sansores antes de que expire el periodo para el cual fue electa.

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"Por ello, es importante cumplir con el mandato constitucional, a fin de que los campechanos tengan la posibilidad de hacer uso de ese importante recurso jurídico", agregó el priista. La iniciativa se presenta algunos días después del videoescándalo donde funcionarios cercanos a la gobernadora Layda Sansores fueron grabados recibiendo fajos de billetes por parte del gobierno interino de Carlos Miguel Aysa González.

Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana, fue propuesto por Alito Moreno Cárdenas como quien concluyera su mandato constitucional debido a que el dirigente nacional del PRI contendió por una diputación federal en la elección de 2021. En el momento de las grabaciones, precisamente en el contexto electoral de las votaciones intermedias, ambos políticos priistas eran aliados. 

Entre los políticos campechanos involucrados en los videoescándalos se encuentran Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario de Educación Pública de Campeche; Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora, y Rocío Abreu Artiñano, senadora de la República.