El Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría General de Gobierno, puso en marcha este domingo un protocolo de reubicación de los 382 ocupantes del campamento migrante de El Chaparral -que se encuentra a un costado de la garita en la frontera con Estados Unidos- hacia espacios que permitan mayor seguridad para los ocupantes, mismo que se dio sin ninguna complicación.

El grupo interinstitucional conformado por autoridades estatales, federales y municipales de Tijuana, fue liderado por el secretario de Gobierno, Catalino Zavala, quien explicó que la acción en específico tendrá consecuencias directas en "la calidad de vida, la salud y derechos de los migrantes", además de que "en todo momento se integró la perspectiva de género y la inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad".

"Se trató de cuatro puntos de destino final al cual fueron reubicadas las personas tomando en cuenta en todo momento la diversidad de condiciones de cada grupo, siendo divididos en: 59 familias de padres e hijos, 27 núcleos madre-hijos, cuatro mujeres solas, 33 hombres solos, tres integrantes de la comunidad LGTB, dos personas con discapacidad y dos mujeres embarazadas", informó Zavala Márquez.

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"Los migrantes tuvieron claro el interés de brindarles protección, seguridad y salubridad", dijo el funcionario estatal, el cual enfatizó que "el movimiento de este domingo 6 de febrero tuvo lugar en total orden". "El Gobierno de Baja California atenderá las necesidades básicas de los migrantes, como ropa, comida, servicio médico, atención psicológica y asesoría legal, además de que las organizaciones civiles y activistas que los apoyan con sus procesos de asilo político tendrán acceso a los espacios donde la comunidad migrante estará albergada".

Dentro del Gobierno de Baja California, participó también la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, la Coordinación de Protección Civil Estatal, DIF Baja California, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto de la Mujer y la Dirección de Asuntos Binacionales.

Además formaron parte varias instancias del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, la Guardia Nacional, los organismos de Derechos Humanos estatal y federal, así como organizaciones internacionales pro defensa del migrante. Se espera que este importante punto fronterizo sea abierto en las siguientes semanas. El cruce había estado cerrado desde que Estados Unidos cerro la frontera y continuó debido al campamento migrante.