La periodista Martha Olivia López Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (2016-2022). 

La acusación sostiene que, durante su administración, se implementó una política de Estado orientada al uso ilegítimo de la fuerza pública, resultando en crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil. 

La denuncia que fue presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) y ya fue firmado de recibido. También se entregó miércoles 4 de febrero, una copia de la demanda en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en la Ciudad de México, donde se entregaron las pruebas de la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, argumentando su calidad de superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras. 

El documento destaca el papel del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), unidades tácticas que habrían operado bajo órdenes directas o indirectas del Ejecutivo estatal. 

Según la denuncia, estas instituciones más que combatir la delincuencia, fueron dirigidas contra las y los ciudadanos tamaulipecos mediante espionaje con tecnología invasiva y operativos de "alto impacto" que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos. 

García Cabeza de Vaca diseñó la estructura normativa que permitió a estos grupos actuar con opacidad y sin sujeción a los controles constitucionales de intervención de comunicaciones. 

Entre los hechos específicos que sustentan la denuncia se encuentra la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, en Camargo en enero de 2021, donde se acreditó la participación de policías estatales que ejecutaron y calcinaron a las víctimas. 

También se documentan ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo (2019), donde agentes del GOPES habrían manipulado la escena del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular un enfrentamiento , y el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo (2020), cuyo vehículo recibió 242 impactos de bala por parte de la Policía Estatal. 

Estos eventos son presentados como parte de un patrón de actuación recurrente y tolerado por parte de la principal autoridad de Tamaulipas. 

La denuncia también señala graves omisiones y fallas en la protección de defensores de derechos humanos, citando el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017, en la puerta de su casa en San Fernando, Tamaulipas, a pesar de contar con medidas de protección oficiales que resultaron ineficaces. Rodríguez pedía justicia por el asesinato de su hija. 

Asimismo, se mencionan las desapariciones forzadas de 13 personas en Nuevo Laredo durante 2018, donde se documentó el uso de vehículos oficiales del Gobierno del Estado en operativos conjuntos con la Secretaría de Marina, evidenciando una presunta colusión institucional. 

La querella enfatiza que el derecho a la verdad es fundamental para la sociedad tamaulipeca frente a este historial de violencia institucionalizada. 

Finalmente, Martha Olivia López Medellín solicita a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación formal para atribuir responsabilidad penal individual a García Cabeza de Vaca. El escrito solicita la colaboración del gobierno mexicano por vía diplomática y requiere garantías de seguridad para la denunciante ante posibles represalias.