Francisco Cabeza de Vaca es quizás una muestra de la potencia de los políticos que se rodean de buenos equipos jurídicos. La defensa de sus abogados es notable. Hace algunos días consiguieron que la Suprema Corte invalide el desafuero, a través de dos controversias constitucionales promovidas por la Legislatura de Tamaulipas. Ahora van directamente contra un grupo de colaboradores cercanos a Gertz.
Tras la victoria en la Primera Sala de Corte, ahora Cabeza de Vaca exige que la Fiscalía abra una investigación en contra de Iván Aarón Zeferín Hernández, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Se trata del juez que giró la orden de aprehensión en contra del gobernador, y que suele colaborar de forma muy expedita con las "carpetas políticas" que maneja Gertz.
Iván Aarón Zeferín Hernández no sólo tomó protagonismo en la denuncia contra Cabeza de Vaca. También participó en los expedientes de Rosario Robles y Emilio Zebadúa o el caso de Billy Álvarez y Cruz Azul. La denuncia en su contra podría exponer los intereses políticos de este juez.
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Pero los abogados de Cabeza de Vaca también le apuntan a dos funcionarios de Gertz Manero. Se trata de dos agentes del Ministerio Público de la Federación, David Ernesto Torres Trujillo y Elizabeth Alcántar Cruz, actores clave en la conformación de las carpetas contra el gobernador tamaulipeco.
Pero, ¿de qué los acusan? Ocurre que -según la denuncia en manos de LPO- los agentes ministeriales y el juez de distrito habrían violado los procedimientos constitucionales para girar la orden de aprehensión contra el gobernador.
"Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos: abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme lo dispuesto por la ley", dice el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal.
La Corte ya demostró que, efecto, los fueros de Cabeza de Vaca seguían vigentes, puesto que la Legislatura de Tamaulipas así lo había establecido. Pero no fue la única "falla". El juez Zeferín Hernández tampoco respetó la Declaración de Procedencia que había emitido la Cámara de Diputados.
La Sección Instructora de San Lázaro había resuelto en su declaratoria proceder penalmente contra Cabeza de Vaca, pero sólo en lo referido al presunto delito de defraudación fiscal. Negó en cambio que pudiera existir un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y mucho menos de delincuencia organizada.
Sin embargo, el juez emitió la orden de aprehensión exactamente al revés de lo que habían dictaminado los diputados federales: pidió la detención por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, mientras negó la detención por defraudación fiscal.
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"El juez de distrito viola las formalidades esenciales del procedimiento... Es absurdo que si el órgano legislativo autorizó a proceder penalmente por defraudación fiscal, el juez niegue esa orden de aprehensión pero determine girarla por los otros delitos", aseguran los abogados de Cabeza de Vaca.
"Por lo anterior, respetuosamente solicito que ordene el inicio de una carpeta de investigación contra Iván Aarón Zeferín Hernández, contra David Ernesto Torres Trujillo y Elizabeth Alcantar Cruz".
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