Eduardo Santillán es uno de los 64 candidatos que pelearán por un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Abogado y profesor de derecho en la UNAM, militó en el obradorismo desde hace varias décadas. Fue diputado local y jefe delegacional de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 

En esta plática exclusiva con La Política Online, Santillán explica por qué defiende la reforma judicial de la 4T y detalla cuáles son sus principales propuestas para garantizar -y acelerar- la procuración de justicia en México.  

Estamos a pocas semanas de que se realice la elección para jueces, magistrados y ministros. ¿Podrías hacer una pequeña evaluación de fue la Reforma Judicial? ¿Por qué sería positivo para México?

La problemática del Poder Judicial se convirtió en un nudo gordiano. Justicia lenta, cara, inaccesible. La Justicia se convirtió en un artículo de lujo para las familias en México. Además, el Poder Judicial se volvió una casta dorada, llena de privilegios, de excesos, y que dio como resultado una paradoja del sistema de justicia. Tan solo en el ámbito penal, muchas personas en reclusión son inocentes porque no pueden pagar abogados, costosos, o que no podían pagar amparos. Y los malandros saliendo de la cárcel. 

Ese nudo era muy difícil de desatar. Muy lento, muy tardado, y muy costoso. Y los nudos gordianos no se desatan, se rompen. Esa es la reforma al Poder Judicial, romper de tajo con todos estos vicios, excesos e ineficacias.

¿En qué medida tener nuevos jueces, magistrados y ministros resuelve ese diagnóstico que hacen del Poder Judicial?

Primero nos tenemos que ubicar en el contexto de un proceso de transformación en el país. No puede consolidarse la transición democrática en México, si no hay una transición en el Poder Judicial. Ya se logró hacer una transformación y democratización del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, pero no así del Poder Judicial. Entonces, primero resulta fundamental para que se consolide la transformación en México, que haya esta transformación también en el Poder Judicial.

El Poder Judicial se volvió una casta dorada, llena de privilegios, de excesos. La reforma al Poder Judicial va romper de tajo con todos estos vicios, excesos e ineficacias.

¿Y cómo se va a lograr eso?

Esta es la punta del iceberg. Esta reforma y esta elección nos demuestran que hay procesos mucho más complejos que tenemos que atender, que van desde la formación de los abogados en las universidades hasta revisar cómo es la actuación de los abogados en el ejercicio profesional. Yo estoy proponiendo que cada tres años se certifiquen a los abogados, que se sancionen a los abogados que engañan y hasta extorsionan a sus clientes, que le sacan dinero y no les resuelven nada. A mí me parece que tenemos que quitarles la cédula profesional a ese tipo de abogados.

Tenemos que revisar las Defensorías de Oficio en nuestro país. Urge una reforma a las Fiscalías, el homologar el modelo de las Fiscalías. Necesitamos que se le dote a las policías en el país de la facultad de investigación, como se hizo en el caso de la Ciudad de México. Necesitamos detener la puerta giratoria, que los malandros no utilicen una institución tan noble como es el amparo para salir de la cárcel. Es muy importante que en el Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo y el Legislativo no haya subordinación ni confrontación. Tiene que haber una gran coordinación en entre los tres poderes, principalmente en el tema de la seguridad pública.

Estoy proponiendo que a partir del 2 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación forme parte de las reuniones de los gabinetes de seguridad en lo federal, en los estados y en los municipios, para que establezcamos una política nacional en materia de seguridad pública. 

Tenemos que entrar en definiciones de políticas nacionales, de estado. Eso es fundamental. Hay que definir la política de drogas en nuestro país, como una política de estado. Parte de la confrontación que se vivió con los poderes fue: el Ejecutivo y el Legislativo optaron por la no legalización de las drogas en México, mientras que la Corte iba en el sentido de la legalización. Me parece que tienen que ser políticas de estado. Las personas desaparecidas implican el diseño de otra de las políticas de estado.

Entonces, en una nueva etapa en donde los tres poderes públicos trabajen de manera coordinada, estoy seguro que puede dar resultados de manera muy eficiente y muy rápida al estado mexicano.

LPO / Rodrigo González.

Usted menciona la coordinación, pero la oposición habla de los riesgos de una subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. La otra gran crítica es sobre la posible infiltración del crimen organizado. ¿Qué valoración hace de estos cuestionamientos?

Primero, los que critican el riesgo de la independencia judicial a partir de esta reforma fueron los que tenían en el control absoluto político del Poder Judicial. La Suprema Corte y el Poder Judicial formaban parte del sistema político mexicano. Ellos convalidaron un régimen autoritario, y convalidaron un régimen económico neoliberal. Estas voces -ahora críticas- nunca dijeron nada cuando la Corte calló en el 68, o en el 71. Cuando la Corte no dijo nada sobre el proceso de privatización. Tampoco la Corte dijo nada cuando el Fobaproa, ni en Acteal, ni en Aguas Blancas. Era una Corte muy cómoda. Y entonces se ufanan de que había un respeto a la independencia judicial.

También son los mismos que desde los órganos legislativos nombraban a ministros, participaban activamente en el nombramiento de jueces y magistrados, dejaban la cachucha de legisladores, se iban a su despacho, se ponían la cachucha de abogados e iban y litigaban en los juzgados donde ellos mismos habían nombrado a los titulares. Eso estaba más arreglado que una final del América. 

Pues, esos mismos, son los que hoy critican a la autonomía del Poder Judicial. A mí me parece que esta elección va a generar que haya personas con mucha capacidad técnico-jurídica, con respaldo popular que se va a traducir en una extraordinaria independencia. Porque no es lo mismo un juzgador que le debía el cargo a un político que un juzgador que tiene el respaldo popular. Son temas completamente distintos.

También una de las ventajas de este proceso es que visibiliza a las candidaturas, y me parece que el riesgo de que haya personajes del crimen infiltrados en el Poder Judicial, yo veo muy pocas posibilidades de que eso suceda. Porque incluso en este momento hay candidaturas que están siendo cuestionadas...

Los que critican el riesgo de la independencia judicial son los que tenían en el control absoluto político del Poder Judicial. Ellos formaban parte del sistema político mexicano. Convalidaron un régimen autoritario y un régimen económico neoliberal.

¿Y por qué están siendo cuestionadas?

Porque todas las candidaturas están en el foco de atención, están en el escaparate. Se puede decir de ellos, se puede investigar su actuar. Y precisamente las campañas permiten tener elementos para tomar toda una serie de decisiones. Incluso yo hubiera preferido que el INE en todo caso pudiera suprimir las candidaturas en las que se puede sospechar que hay vínculos con grupos delincuenciales. Pero, dentro de todo, al final de la elección yo creo que el ciudadano con estos elementos va a poder tomar su decisión al momento de votar, y también habrá un momento en el que el INE podría negar el otorgamiento de la constancia de mayoría por inelegibilidad.

Hay varios temas -o quejas- que suelen aparecen muy ligados al Poder Judicial. Uno es el acceso a la justicia, otro son los tiempos que tardan los procesos, y el tercero son los altos niveles de impunidad. Una vez que tenga lugar la elección judicial, ¿cómo se pueden ir resolviendo estas quejas?

Yo le apuesto mucho a la coordinación entre poderes. La propia Constitución señala que el poder es uno. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Para su ejercicio el poder se divide en tres. De tal manera que es un solo poder que está a disposición del pueblo, y me parece que tenemos que regresar hacia ese elemento. 

Efectivamente, la justicia se convirtió en un artículo de lujo, que es accesible solamente para un sector socioeconómico. Necesitamos regresar la justicia a la canasta básica, que sea accesible para cualquier persona en nuestro país.

¿Cómo lo tenemos que lograr? Entre otras cuestiones, facilitando el acceso. Yo he propuesto, por ejemplo, que ya desaparezcamos la justicia de papel: que establezcamos un solo expediente digital homologado en todo el país. De tal manera que con mecanismos muy accesibles, muy sencillos, la ciudadanía pueda acceder a la justicia. Que puedas presentar a través de formularios tu denuncia o tu demanda en una página de internet, y a partir de ahí actives el sistema de justicia. Esto además nos permitiría aplicar nuevas tecnologías e incluso aplicar inteligencia artificial. Necesitamos que los abogados hagan menos talacha y que se dediquen más a atender los aspectos técnicos.

Con todos estos mecanismos creo que sí sería factible que pudieran resolverse los juicios en seis meses. Me parece que también tenemos que replantear la justicia. Por ejemplo, hay una serie de juicios absurdos que tenemos que quitar, o que tenemos que modificar. No es posible que el error en un acta de nacimiento te lleve a un juicio, y te pueda llevar seis meses o un año, y que tengas que contratar a un abogado, si lo único que quieres es corregir tu acta de nacimiento.

Me parece que el tema de los divorcios de las mujeres también es un absurdo. Yo estoy proponiendo algo que sea un divorcio automático, dirigido principalmente a las mujeres, que sea un divorcio por comparecencia, que en media hora una mujer saque una cita ante un juzgado familiar, lleve su acta de matrimonio, su identificación, haga una comparecencia en media hora y quede divorciada. Y no que tenga que gastar 20 mil pesos y que tenga que tardar un año en divorciarse. Me parece que tenemos que hacer una revisión sobre la justicia cotidiana, que tiene que ver con juicios sucesorios. Estamos llenos de juicios sucesorios en el país. Y se vuelve también un viacrucis para las familias. Yo considero que el 60% de la propiedad inmobiliaria en el país es irregular. La gente no tiene escrituras de su inmueble.

Entonces, tenemos que trabajar en esa justicia, y para ello será muy importante que en los tres niveles de gobierno y los tres poderes podamos actuar de manera conjunta para poder abatir el rezago de la justicia, y para que podamos combatir de manera eficiente la impunidad en México.

LPO / Rodrigo González.

Otro tema: el Día D, el día de la elección. Y ahí se me abren dos preguntas. Por un lado, la cantidad de votos, ¿cuánta gente va a participar ese día? Y por otro lado, de nuevo, una advertencia que hace la oposición sobre el oficialismo, los partidos políticos metiendo mano en el día de la elección. ¿Qué tienes para decir de esos dos temas?

Es un ejercicio inédito no en México, sino en el mundo por las dimensiones en las que se está llevando a cabo. Se puede romper un paradigma: si los jueces pueden ser electos. Y me parece que México puede dar una aportación nuevamente en términos democráticos y jurídicos al mundo.

Yo esperaría un nivel de participación entre el 20 y 25%. Quienes se vieron afectados por la reforma, y que no pudieron detener la reforma, y no pudieron detener la elección, ahora están en una estrategia de deslegitimar el proceso e inhibir la participación. Y para ello incluso hay el acompañamiento de algunos sectores del propio INE, del propio Tribunal Electoral.

Yo le he dicho: esta no es una campaña clandestina y esta no es una elección clandestina. Las candidaturas estamos llenos de obstáculos para poder hacer llegar nuestro mensaje. Yo, en lo particular, estoy de acuerdo con que los candidatos gastemos de nuestros propios recursos para hacer campaña, que no haya spots, espectaculares, basura electoral. Estoy completamente de acuerdo con eso. Incluso creo que vale la pena retomar este ejercicio y los resultados de este proceso para aplicarlo en los procesos electorales ordinarios. Pero también me parece que debe de haber la mayor difusión posible. Hay una gran preocupación de la ciudadanía sobre los temas de justicia, no sobre los discursos leguleyos, técnicos, eso no le interesa a la gente. Entonces, yo esperaría que sí haya un nivel de participación.

En cuanto a la participación de los partidos políticos, yo hago un llamado para que precisamente sea la ciudadanía la que se exprese, la que participe. Me parece que debe de garantizarse plenamente que la ciudadanía se exprese con absoluta libertad. La propia reforma lo que pretendió fue suprimir la participación de los partidos políticos en este proceso, de tal suerte que yo esperaría que los partidos políticos se mantengan al margen del proceso.

Finalmente, ¿por qué tendría que votar por Eduardo Santillán para integrar la Suprema Corte?

Primero, la importancia de la Suprema Corte de Justicia. Para mí el derecho humano más importante de todos es el derecho humano a la felicidad, y a partir de ahí se justifican todos los derechos humanos. La Constitución en nuestro país es precisamente nuestro proyecto de vida. Ahí están nuestros derechos, nuestras libertades consagradas, y para que sean efectivos esos derechos y esas libertades se requiere de quien vigile su cumplimiento. Esa es la función de la Suprema Corte de Justicia, garantizar el respeto de los derechos y de las libertades de las personas.

Yo en lo particular creo que lo que podría hacer un punto de diferenciación respecto de otras candidaturas sería que yo he formado parte de un proceso de transformación en nuestro país, que he participado en la lucha democrática en diversas trincheras, y que ahora necesitamos transformar también al Poder Judicial. Entonces, que el Poder Judicial entre en consonancia de un proceso de transformación amplio en nuestro país, creo que es el elemento en el cual puedo yo ayudar y contribuir, y creo que puede ser el punto diferenciador de cualquier otra candidata.