Si bien el combate al robo de combustible, conocido como huachicol, ha sido prioridad desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, persisten focos rojos que generan fuerte preocupación en Palacio y vuelven a distanciar a Octavio Romero y Rocío Nahle sobre la responsabilidad en este delito. 

Durante su conferencia del viernes, López Obrador presumió que desde el arranque de su gobierno a la fecha se han logrado ahorros por más de 231 mil millones de pesos, con una reducción de más de 90% que, según sus datos, pasó de 72 mil barriles diarios a 5,600 barriles.

Sin embargo, reconoció puntos de preocupación en donde este delito genera enfrentamientos y siniestros. Lo cierto es que, además, los datos apuntan a un repunte en el último año, en medio de las presiones mundiales energéticas, sobre todo en diésel, pero también mientras la demanda se recupera luego del relajamiento de medidas contra el Covid-19. 

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Esta realidad se volvió otro punto de confrontación entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Fuentes cercanas a estas discusiones aseguran a LPO que desde la petrolera mexicana se señala a Nahle por la falta de inacción contra este delito. 

De acuerdo con los datos, entre abril y octubre hube un repunte de hasta 24% en este delito, lo que provocó un despliegue de seguridad para la custodia de oleoductos. Y en los últimos días, la actividad resulta evidente en Hidalgo, en donde el día de ayer se reportó el incendio de una toma clandestina y semanas atrás emboscaron al director de seguridad pública de Metepec por este delito. 

En su conferencia, López Obrador reconoció que este delito tiene mayor presencia en Hidalgo, en donde se han registrado 5,269 tomas clandestinas, seguido de Estado de México con 2,056 tomas y en tercer lugar, Veracruz. 

En opinión de expertos, la problemática supera las acciones que pudieran tener tanto Pemex como Sener. En opinión de analistas como Santiago Arroyo o Rosanety Barrios, se trata de una falta de conexión entre autoridades en materia de seguridad y justicia, que involucra a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la UIF y el SAT. 

De hecho, ambos especialistas del sector energético coinciden en que no hay una claridad en la estrategia ni tampoco en las cifras que presenta el gobierno, en donde señalan que uno de los elementos para que persista este crimen, es que hasta la fecha no se ha responsabilizado a nadie por estos hechos. 

"Al no existir un puntual seguimiento y este andamiaje de estado de derecho permite que se evidencie o que exista mayor cantidad de impunidad y al haber impunidad van a aumentar los índices delictivos. No existe una estrategia clara", señaló Arroyo. 

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El experto señala que en Pemex es posible observar acciones más departamento, como los recortes presupuestales, pero hay resultados".  En contraparte, consideró que desde Sener hay omisiones al no generar una política para poder establecer piso parejo para que las empresas puedan trabajar, reconociendo que esta parte también debe fortalecerse a la vez que el Estado de Derecho. 

Para Barrios, además de coincidir con que debe conectarse la estrategia en materia de seguridad, señala que el SAT también juega un papel fundamental que puede mejorar. En este sentido, consideró que no basta con concentrarse en rastrear a las estaciones del servicio, que son la parte final de la cadena. "En este proceso de seguimiento a la molécula están dejando de lado a las refinerías, donde es clave que también se siga el rastro, pues son fuentes de suministro".