Este jueves la petrolera española Repsol volvió a enviar cargamentos de crudo venezolano a sus refinerías. Así lo confirmo la agencia Reuters, maniobra que se haría con un permiso especial otorgado por Estados Unidos que no implica una licencia plena, sino un mecanismo para que la petrolera cobre en especie las deudas contraídas por la estatal PDVSA.

Desde la empresa afirmaron a LPO que si bien se trata de un avance, todo lo referido a nuevos negocios en el país caribeño se analiza con excesiva cautela, especialmente por pedido del fondo BlackRock, uno de los principales accionistas institucionales en Repsol.

Si bien la empresa asume que el control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano es total, todavía aparecen múltiples dudas que no terminan de ser despejadas por el buen momento financiero que atraviesa el país: el precio de los bonos venezolanos se disparó en las últimas semanas a niveles nunca vistos desde que el chavismo dejó de pagar su deuda soberana en 2017.

Desde la captura de Nicolás Maduro Venezuela estabilizó su producción en alrededor de un millón de barriles diarios, frente a un mínimo de 500.000 barriles registrado cuando las sanciones estadounidenses entraron en vigor en 2020, pero muy por debajo de los 3 millones de barriles que Venezuela extraía hace dos décadas.

En Repsol señalan que el principal inconveniente sigue siendo la falta de seguridad jurídica. La reforma recientemente aprobada a la ley de hidrocarburos marca la transformación más radical del marco petrolero del país desde la nacionalización de la industria en 1976, desmantelando pilares clave del modelo socialista y reemplazándolos con un sistema híbrido, que establece, entre otras cosas, que ahora los privados podrán exportar crudo y ya no solo PDVSA.

Sin embargo, la presencia de figuras clave del chavismo es posiciones de gobierno en Caracas, la necesidad de una tutela de Washington y la centralidad absoluta de PDVSA como socio obligado, ya que tiene el monopolio de los contratos con privados, complican nuevos negocios. De hecho, en Repsol creen que si invierten en Venezuela será con recursos destinados a otras geografías y que no se destinarán utilidades para complacer a la Casa Blanca.

Desde BlackRock, además, habrían señalado preocupación por la opacidad que tendrían los contratos con PDVSA, un secreto que sigue presente a pesar de la reforma impulsada por el gobierno de Rodríguez.

Con este panorama, el entusiasmo inicial mostrado por el CEO de la empresa Josu Jon Imaz en Washington el mes pasado, podría quedar solo como un gesto de concordia hacia Trump.