La industria petrolera siempre ha sido cuestionada a nivel internacional por su impacto social y medio ambiental. Por eso, se vuelve imperante generar mecanismos de control que promocionen un desarrollo sustentable de la actividad. Sin embargo, estos mecanismos deben ser eficientes para garantizar el dinamismo de la actividad. De lo contrario, se corre el riesgo de que la actividad económica del sector sea trabada por impedimentos burocráticos y conflictos sociales.

En México el organismo público encargado de regular la actividad de hidrocarburos, en lo que al impacto ambiental se refiere, es la Agencia Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). El organismo en cuestión es el encargado de asegurar que las empresas realicen estudios de impacto ambiental como requisito para el inicio de sus actividades.

Para poder operar, las empresas que han ganado las licitaciones en las últimas rondas deben presentar un informe riguroso ante la ASEA, el cual está enmarcado dentro de las exigencias establecidas por la ley de dicho organismo, la ley de Aguas Nacionales y la Ley de Hidrocarburos. El problema es que estos procedimientos suelen ser sujetos de retraso por diversos motivos.

Para hacer un adecuado estudio de impacto ambiental se necesita un mínimo de tres meses, luego la ASEA se toma otros dos meses en aprobarlo, pero si existe algún error hay que volver a realizar la presentación, explica el consultor Edgar Murga.

"Para la realización de un adecuado estudio de impacto ambiental se necesitan por lo menos tres meses, y luego ya ingresado el trámite ante la ASEA se lleva aproximadamente dos meses en que se apruebe. Si encima existe algún error o falta de cumplimiento de requisitos en la presentación de los estudios, dicha imprecisión debe subsanarse lo que genera un retraso en el trámite de validación de los dictámenes ante la Agencia, lo que dilata el inicio de actividades del sector en su conjunto", señala Edgar Murga, consultor Energético de la firma More & White Connect Mexico.

Por esto mismo, Murga destaca que las empresas deben recibir la asesoría legal, ambiental, social y de gestoría de proyectos correspondiente para cumplir en forma apropiada con los requisitos necesarios.

Con respecto a los derechos de las comunidades en situación de vulnerabilidad, el organismo encargado de hacer cumplir las regulaciones es la Secretaría de Energía SENER, la cual establece que se requiere de la elaboración de una Evaluación de Impacto Social y en casos específicos de comunidades indígenas la Consulta Pública, la cual requiere ser elaborada por especialistas y cumpliendo una serie de protocolos atendiendo a las mejores prácticas internacionales, buscando con ello el hacer del conocimiento de la población el alcance del proyecto, conocer sus inquietudes y lograr un acuerdo, comúnmente conocido como licencia social.

Con respecto a los derechos de las comunidades afectadas por la actividad petrolera, el organismo encargado de hacer cumplir las regulaciones es la Secretaría de Energía, la cual exige una Evaluación de Impacto Social y en caso de población indígenas una Consulta Pública, para conseguir un acuerdo conocido como licencia social. 

En este caso, según comenta Murga, el atraso en su aprobación obedece a que dichos estudios en algunas ocasiones son realizados por personas que carecen de la expertise suficiente, situación que genera que los mismos no sean avalados por la autoridad, pero también existe una saturación de trámites debido al incremento de solicitudes y trámites por parte de empresas del sector energético.

Cuartoscuro

"Muchas veces, debido a la inadecuada gestión de las empresas a la hora de acordar con las comunidades, se generan conflictos legales innecesarios que frenan proyectos perfectamente sustentables y que, de hecho, pueden tener un impacto benéfico sobre las comunidades en términos de provisión de satisfactores y creación de empleos", comenta Murga en entrevista con LPO.

La situación es incluso más compleja en las zonas donde se requieren acuerdos sociales con las comunidades locales para operar. Las empresas carecen de asesoría suficiente para abordar esos procesos.

Ejemplos de casos en donde la falencia de conocimientos para una mediación adecuada ha paralizado proyectos abundan. La construcción de la hidroeléctrica Puebla I lleva más de un año detenida junto con una inversión de mil millones de dólares debido a la falta de consensos tras la consulta indígena. Asimismo, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el parque eólico de la empresa Eólica Sur tiene detenida una inversión de 1,200 millones de dólares.

También se puede mencionar el Gasoducto de Sonora de IEnova y el gasoducto de Chihuahua asignado a Transportadora de Gas del Noroeste como ejemplos de cómo una mala negociación y la falta de asesoramiento legal, sumada a la burocracia estatal, provocaron que se paralizaran proyectos millonarios.

En esta semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Esto generará nuevas exigencias legales para las empresas las cuales deben estar bien asesoradas para evitar retrasos en las operaciones. Asimismo, el Estado debe implementar medidas para mejorar la eficiencia de los procedimientos exigidos para evitar perjudicar la actividad.