Luego de años de enfrentamientos, el gobierno mexicano e Iberdrola firmaron una cuerdo en el entre el gobierno mexicano, a través de la SecretarÃa de Hacienda y la Comisión Federal para la adquisición de13 plantas de generación eléctrica de la empresa española. La operación financiera se realiza a través del fondo Mexico Infrastructure Partners.
El gobierno explicó que el costo estimado de esta operación es de 5,943 millones de dólares, lo cual no agregará presiones a la deuda pública pues será absorbido por el Fonadin, que puede salir al mercado a refinanciar esta transacción, detalló el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio RamÃrez de la O.
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Vale señalar que previo a este anuncio desde Palacio Nacional, la firma española anunció a sus inversionistas que las filiales Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables México "han suscrito un acuerdo de intenciones con la sociedad participada por el Estado mexicano Mexico Infrastructure Partners (MIP)", un fondo que se nutre con recursos del Fonadin, pero también están CITI, Actinver, el fondo de pensiones de Quebec, entre otros, según explicaron fuentes, que señalan, por tanto, que es una verdad a medias hablar de una nacionalización.
La transacción ayudará a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con el estimado del gobierno. Vale recordar que al centro de la polÃtica energética de la 4T se planteó el fortalecimiento de las dos empresas públicas y, en materia de seguridad energética, priorizar la generación de energÃa de la comisión que encabeza Manuel Bartlett, lo que abrió fuertes conflictos con empresas privadas, principalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con el presidente López Obrador, con la adquisición de estas plantas, sumada a los proyectos gubernamentales como la rehabilitación de hidroeléctricas y construcción de nuevas plantas, se apuesta a que CFE pase de una generación de la energÃa de todo el paÃs de 39.6% a 55.5%. RamÃrez de la O enfatizó que en el noreste su participación pasarÃa de 6.7 a 44.8%.
"De esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energÃa eléctrica en consumidores como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, vamos a terminar en septiembre próximo (el gobierno) y no van a haber aumentos en el consumo de la energÃa eléctrica", dijo el presidente, quien aseguró que con esta compra se constituye "una nueva nacionalización de la industria".
Previo a este acuerdo, el gobierno de López Obrador y la empresa española mantenÃan una muy tensa relación en medio de las acusaciones del mandatario de los "abusos" de compañÃas energéticas extranjeras en el paÃs, sobre todo beneficiados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso aseguró que esta empresa era "mandamás" en México y por eso se llevó al expresidente panista a trabajar con ellos.
Por su parte, Iberdrola canceló una inversión por al rededor de 1,200 millones de dólares para una planta de ciclo combinado, en un desacuerdo con la CFE , quien le negó el suministro de gas que la planta necesitaba para funcionar.
López Obrador no pasó por alto estos episodios. "Estamos sellando, consumando una operación muy importante en beneficio del pueblo de México y agradecemos mucho a Iberdrola por la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo y la buena voluntad. De estas diferencias a esas discrepancias surge algo que es extraordinario, repito histórico", dijo.
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Por su parte, Ignacio Sánchez, presidente global de la firma española señaló que luego de dos años de "hemos dialogado, hemos llegado a acuerdos con el mismo espÃritu con respeto a las politicaos de cada paÃs, hemos entendido la polÃtica energétiuca de su gobierno que nos ha ayudado a buscar una situación buena para el pueblo de México y para nuestros accionistas".
Aún quedan dudas en el mercado sobre la capacidad para CFE de operar estas plantas o con qué porcentaje estatal participará este fondo, aunque en opinión de Gonzalo Monroy quedá como un fuerte mensaje por parte de la administración que disminuye el poder de negociación de privados.
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