Claudia Sheinbaum busca lograr un acuerdo con el gremio gasolinero para que el Gobierno tenga un mayor control del precio de los combustibles. En el mercado ya anticipan que se tratará de un tope máximo similar al modelo que se planteó cuando se liberalizó el mercado energético en 2017.

El gran inconenviente que tiene el acuerdo, según señalan empresarios gasolineros a LPO, es que el Gobierno debería hacer más por combatir el  el huachicol fiscal, que consiste en vender el combustible importado pero sin pagarle al SAT el IPES correspondiente. Para esto ya existen pláticas con Rogelio Ramírez de la O y con el titular del ente recaudador Antonio Martínez.

Este combustible importado de manera ilegal  ingresa al país sin pagar impuestos y luego se comercializa como gasolina. Esta práctica afecta tanto a los consumidores como al medio ambiente y la salud pública y, desde ya, afecta los margenes de ganancia de las gasolineras que se encuentran sujetas a la ley.

En el sector estiman que se trate de un acuerdo de tope de máximo de precios, como ocurrió hace casi diez años, donde el gobierno -en ese caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE)- establecía un precio máximo para los precios de gasolina, una fórmula que, además de contemplar el precio referencial internacional, también consideraba otros aspectos como el costo operativo y de logística, márgenes, etc.

Bajo ese panorama, Santiago Arroyo, CEO de Ursus Energy, afirma que se trata de una estrategia positiva que manda una señal de que el gobierno busca acuerdos con el sector energético. "El gasolinero tendrá voz y voto; no es una imposición, es coordinación", afirmó.

En ese sentido, señaló que tiene un aspecto positivo de negociación entre gasolineros y también resulta rentable políticamente ya que el precio de las gasolinas es uno de los elementos más sensibles para la economía del día a día entre la población y cuya respuesta tiene impactos en la percepción de los gobiernos.

La caída de reservas energéticas empuja a Sheinbaum a acelerar los acuerdos con privados en Pemex y CFE

No obstante, financieramente el costado resulta menos claro, pues este tipo de acuerdos puede implicar cierto incentivo fiscal, dependiendo del movimiento de los precios internacionales. Se trata de un aspecto delicado en un contexto de consolidación fiscal para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Bajo ese panorama, no es claro cuánto podrá durar el acuerdo.

No es menor señalar que el contexto actual es complejo en materia de precios de hidrocarburos debido a la inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales tras la llegada de Donald Trump.

Para el experto, hay otras medidas que el gobierno también podría tomar para ayudar a bajar los precios, como lo es el que se flexibilicen los permisos de importación de combustibles, evitando embudos que pueden generarse.

Y hay otro elemento que también se comenta en el sector: el cobro de suelo que le exige el crimen organizado a los gasolineros. Un elemento más difícil de detectar en la cadena de costos.

La medida surge en medio de señalamientos de la Profeco de abusos por parte de algunas gasolineras en el país, algunas en el norte del país que se encuentran cobrando precios por arriba del promedio.

También ocurre en el marco de las nuevas leyes secundarias a la reforma energética que contemplan la eliminación de las subsidiarias de Pemex. En este sentido, el experto del sector, Gonzalo Monroy, advierte que el acuerdo puede tener un cotado negativo si se busca que Pemex exija el uso de su infraestructura o el cobro de la misma, un golpe principalmente para aquellos gasolineros que invirtieron en pipas, por ejemplo, de otra empresa petrolera diferente a Petróleos Mexicanos.