Los dirigentes de la Unión Popular Benita Galeana, Víctor Espinosa Rodríguez y Teresa Solís García, suman señalamientos por parte de las hermanas Morales Díaz por un presunto caso de fraude: Están a punto de ser despojadas de su vivienda porque la asociación se adjudicó el inmueble al simular una compraventa.

La noticia vuelve a impactar en el armado de la familia Batres, complicada por sus nexos con dicha organización, señalada por casos de despojo.

La noticia, para colmo, fue revelada por el diario "La Jornada", sumamente alineado con la vida interna de la 4T.

Las hermanas María Eugenia y Lourdes descubrieron el caso de fraude cuando, en enero pasado, recibieron la boleta predial a nombre de la Unión Popular Benita Galeana. En automático, iniciaron la defensa de su propiedad ante el Instituto de Vivienda, la jefatura del Gobierno y la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

El inmueble ubicado en cerrada Tecol, manzana 12, lote 5, del Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, era propiedad de su madre, María Luisa Díaz Rodríguez, y por sucesión testamentaria pasó a sus seis hijos.

El ofrecimiento del presidente de la unión, Víctor Hugo Espinosa, llegó como un programa piloto que ayudaría a sacar del hacinamiento a las familias de los Pedregales. Les dijo que en el terreno de 144 metros cuadrados se les haría una vivienda para cada familia, e incluso se habló de la posibilidad de construir 12 departamentos, relató Lourdes.

"Era un proyecto muy bueno, pensamos que viviríamos mejor, pero nunca nos dijeron claramente de qué se trataba. Al citarnos en la notaría sólo hablaron de la adjudicación de la herencia. Nunca (dijeron) que se pondría a nombre de la asociación nuestro terreno", aseguraron las hermanas.

Ante el intento de despojo, María Eugenia Morales Díaz y sus hermanos Juan Pedro y María de Lourdes denunciaron ante la FGJ a la Unión Popular Benita Galeana AC.

En la denuncia narraron que la promesa era construir vivienda digna a cambio de incorporar el terreno al proyecto y cubrir determinadas cuotas. La familia asegura que les entregaron además 300,000 pesos por distintos conceptos y que cuentan con recibos para acreditar los pagos.

María Eugenia sostuvo que firmó documentos en 2023 bajo presión y en un momento en que atravesaba una situación de salud delicada por la detección de un aneurisma. Además, aseguran que en la notaría 237 nadie les explicó que estaban firmando una transmisión de propiedad porque no hubo lectura de escritura y tampoco recibieron pago por la supuesta compraventa.

Al acudir al Invi y reportar lo ocurrido, se les aconsejó presentar la denuncia, pero también les informaron que la Benita Galeana aseguró que pagó cuatro millones de pesos por el terreno que entregó en cheques de diferentes denominaciones; sin embargo, la familia les exige que demuestren que esos documentos fueron cobrados por ellos.