De acuerdo a las actas de lectura de fallo de las licitaciones LI-012-DF-2025 y LI-013-DF-2025, la Universidad de Guadalajara adjudicó contratos multianuales para la operación de vales de despensa y monederos electrónicos de combustible a la empresa Servicios Broxel,

La empresa fue seleccionada para administrar ambos esquemas financieros durante el periodo 2026-2028, bajo un modelo contractual que no fija montos máximos ni mínimos, sino que deja el valor del contrato abierto al volumen de recursos que la UdeG decida dispersar.

Esto ocurre pese a que periodistas y medios informativos vinculados a la propia Universidad han publicado contenidos críticos sobre la empresa y sus antecedentes.

Aunque los documentos oficiales no establecen una cifra global, un ejercicio financiero conservador, basado en el tamaño de la nómina universitaria, el número de trabajadores beneficiarios y el gasto institucional en combustible, permite estimar que el monto administrado podría rondar los 1,500 millones de pesos, convirtiendo estos contratos en operaciones de gran escala.

Los fallos establecen que Broxel no cobra comisiones directas por emisión, reposición o dispersión de tarjetas. No obstante, la empresa obtiene beneficios económicos a través de bonificaciones ligadas al consumo y a la dispersión de recursos, lo que hace que su ingreso crezca conforme aumenta el gasto de la Universidad.

La adjudicación contrasta con publicaciones periodísticas difundidas en medios ligados a la Universidad, donde periodistas del Canal 44, como Omar García e Isaack de Loza, han cuestionado a la empresa, su desempeño y su historial, así como referencias a investigaciones federales en curso.

Este contraste coloca a la Universidad en una posición de tensión interna: Mientras desde su ecosistema informativo se difunden críticas hacia la empresa, desde su estructura administrativa se le otorgan contratos que concentran flujos estimados en más de mil millones de pesos.

En la práctica, esto implica que la empresa cuenta con un negocio asegurado durante al menos tres años, cuyo valor real se construye mes a mes con recursos públicos.