Más de mil locatarios y permisionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizaron una jorna de protesta este jueves al cortar la calle de Delicias y marchar a la Jefatura de Gobierno que comanda Clara Brugada, en el Zócalo histórico de la CDMX, para exigir el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el actual director general del Metro, Guillermo Calderón, durante la pandemia de covid-19.

Según manifestaron a través de un comunicado, las medidas de fuerza se debieron al incumplimiento por parte del director general del Metro, Guillermo Calderón, de un acuerdo alcanzado en el 2021 a través del cual se aprobó una condonación del 35% en la contraprestación por tres meses y del 40% en los siguientes tres meses por la clausura de sus locales durante la pandemia de covid-19. "Esto fue aprobado por Claudia Sheinbaum, pero Calderón se ha negado sistemáticamente a aplicar esta condonación", aseguraron.

Asimismo, sostuvieron que a pesar de una serie de reuniones que se llevaron a cabo durante los últimos dos años, Calderón "ha ignorado los acuerdos del comité" y que, además, "pretende cobrar adeudos ficticios correspondientes a los meses condonados" "Esta situación ha generado un impacto directo en nuestra economía y ha puesto en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de estos ingresos", profundizaron.

Además, denunciaron que diversos funcionarios de la Dirección General del Metro hostigaron a los trabajadores que exigían los pagos que ya habían sido condenados, según el acuerdo alcanzado. "Es evidente la falta de capacidad de diálogo y atención. Nos encontramos ante una administración que prioriza la burocracia por encima de la necesidad de quienes día a día trabajamos para sostener nuestras familias y mantener la actividad económica en el sistema", agregaron.

Por esto, durante las protestas de este jueves exigieron la "inmediata de la condonación aprobada en 2021 por el Comité del Metro y la devolución de cualquier cobro indebido realizado desde entonces" como así también el cese del hostigamiento contra los trabajadores. Además, demandaron la remoción de Calderón y una "revisión exhaustiva de la situación económica de los locatarios y permisionarios para evitar que estos errores administrativos sigan perjudicando a las familias trabajadoras.