Pese a la modificación de la Ley de Aguas Nacionales para mostrar sintonía con el sector agrónomo, ahora la Cámara Minera de México (CAMIMEX) expresó su preocupación por la redacción del Artículo 118 de dicha legislación. Consideran que éste prohíbe la construcción de instalaciones mineras en gran parte del país.

En el proyecto de Ley, indica que presuntamente la minería afecta el medio ambiente, por lo que la CAMIMEX descartó que se vierte, ni se pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia.

"Los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada (depósitos de jales), diseñada conforme a la normatividad mexicana establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos", compartió la Cámara en un comunicado.

"La construcción de esta infraestructura -incluidos los depósitos de residuos y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero- es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable. Su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad", agregó en el legible.

Aseguran que el artículo 118 prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras, especialmente en regiones montañosas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables. Esto afectaría a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera, así como la economía del país.

La industria minera exigió que se establezca con claridad que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se vierten en ríos, lagos ni cuerpos de agua, ni ponen en riesgo la salud de las personas; además, solicitaron autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, la cual es fundamental para la operación minera.

Además, pidieron que se considere la compleja geografía del país, donde las prohibiciones previas resultan inviables y de mantenerse arriesgan a que México se convierta en un país dependiente de la importación de minerales, en lugar de producirlos.

"Reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sustentable y alineado con los objetivos nacionales. La minería responsable de México aporta minerales estratégicos y es un pilar para la economía, la competitividad y la seguridad nacional y de Norteamérica", cerraron su queja.