Con el propósito de impulsar un cambio profundo en la forma de entender y practicar el derecho en México, se creó el Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta iniciativa reconoce y da valor académico a los saberes jurídicos que se producen en los territorios y en la experiencia histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos, entendidos como formas vivas y legítimas de producción legal.

"Hoy, con el sistema de investigadores comunitarios, vamos a resignificar el conocimiento, vamos a resignificar el trabajo... El aporte de ustedes va a tener la misma importancia que cualquiera que pueda hacer un libro con todos los requisitos y también ustedes van a poder hacer un libro", declaró el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.

Explicó que el SIC amplía la visión tradicional del derecho, hace realidad el pluralismo jurídico y permite que estos conocimientos formen parte de su historia nacional, y se compartan en condiciones de igualdad. Deja de limitarse a la visión oficial del Estado y reconoce que los pueblos indígenas y afromexicanos también producen conocimiento jurídico a partir de su historia, sus prácticas y sus experiencias en la defensa de los derechos humanos.

El ministro presidente celebró que la investigación aplicada del SIC tenga como objetivo incidir directamente en las resoluciones judiciales, y no limitarse únicamente a la producción de libros. Asimismo, subrayó la importancia de acercar la labor jurisdiccional a la ciudadanía y afirmó: "Es la hora de los pueblos, es la hora del pueblo de México. En particular de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero en general del pueblo de México. Durante mucho tiempo hubo un alejamiento entre los que tomamos decisiones y la gente del pueblo".

En el mismo sentido, José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, ejemplificó: "Cuando una autoridad quiera consultar alguna temática ya incorporada en ese apartado del Semanario Judicial de la Federación, simplemente tendrá que dar un clic y podrá ver cuál es el criterio que asumió la comunidad de Hueycuatitla de Benito Juárez, Veracruz, a través de su consejo de ancianos".

Durante su intervención, el director general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos, Orlando Aragón Andrade, subrayó que "entendiendo que el fenómeno jurídico se conforma por una pluralidad de justicias y de derechos, es necesario construir puentes de diálogo y entendimiento que nos permitan aspirar a una sociedad más democrática y, por supuesto, a una Suprema Corte más incluyente".

Por su parte, Iván Ramos Méndez, en representación del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, destacó que, tras la reforma constitucional de 2024, existen más de 16,000 sistemas normativos válidos y vigentes en México. Lo que ofrece el Instituto, dijo, es una nueva visión del marco constitucional: "ahora la investigación jurídica no va a versar sobre los cánones históricos que aprendimos en las universidades, sino que tendremos que construir desde la Corte, con el apoyo del Ejecutivo".

En la presentación también participaron Catalina Ramírez Hernández, integrante de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales del Órgano de Administración Judicial; Palmira Flores García, investigadora comunitaria indígena de San Luis Potosí, y Sael Silva Cisneros, investigador comunitario afromexicano de Guerrero.