El gobierno de Santa Catarina presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda en contra de un primer grupo de 50 "aviadores" que solo "aterrizaban" al cabildo municipal para cobrar por un trabajo que no hacen.

El titular de la Contraloría del municipio, Salvador Lavín, señaló que el daño al erario provocado por los denunciados podría ascender a 5 millones de pesos y aseguró que se interpondrán dos denuncias más por la misma cantidad de responsables.

"Se presume que las personas que laboraron en Santa Catarina no estuvieron presentes en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión", dijo.

Dentro de los señalados se encuentra el hermano del diputado federal, Víctor Pérez, Concepción Pérez Díaz, además de Gabriel Muñoz, director de Recursos Humanos en el cabildo, que fueron despedidos por la administración para contratar más policías.