Oposición
Rojo de la Vega busca combatir las extorsiones
La alcaldesa presentó una serie de iniciativas legislativas para combatir las extorsiones a través de medios tecnológicos.

Como parte del "Plan Cuauhtémoc Libre de Extorsión", la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa en el Congreso local para aumentar las penas quienes cometan extorsiones a través de llamadas telefónicas o medios digitales. "Hacemos frente en equipo y cerramos el paso al crimen o permitimos que el delito le gane la partida a la justicia y rendimos la Ciudad de México para siempre", manifestó.

Acompañada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso, Andrés Atayde Rubiolo, así como diputadas y diputados de esa bancada, la edil enfatizó sobre la alarmante situación que las y los ciudadanos padecen por este delito. "La extorsión está avanzando a un paso alarmante", declaró y detalló: "En 2023 tuvimos cinco millones 762 mil 195 quejas por fraude cibernético, un aumento de 20.1% respecto 2022 y un 71% respecto a 2018".

La iniciativa busca reformar el Artículo 211 BIS del Código Penal de la Ciudad de México, donde la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega propone aumentar "en una mitad la pena prevista al que use medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología de la información para la consumación de la conducta descrita".

Para el artículo 231 se buscará agregar al correlativo XIV BIS, lo siguiente: "Para obtener algún beneficio para si o para un tercero use medios digitales, informáticos y/o telefónicos para simular la existencia o actividades de empresas y sistemas financieros gubernamentales y de banca para tener acceso a operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la Institución".

Mientras que para el artículo 233 Ter, se quiere adicionar que "la pena se agravará una tercera parte, al que, valiéndose de medios digitales, informáticos y/o telefónicos cometa alguna de las conductas tipificadas en este capítulo". Además, esta propuesta pretende modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el artículo 14 (Unidades Operativas) se agregue la sección XVII para la creación de una Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión.

Asimismo, se propuso modificar la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para la Ciudad de México, como una respuesta ante datos alarmantes, por ejemplo, del Instituto Belisario Domínguez, que establecen que la capital del país fue en 2023, la entidad federativa con más casos de llamadas fraudulentas, con más de 9 mil 651 registros. En todo México, se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones a diario, consumándose el delito en el 92 por ciento de los casos.

En su intervención, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Andrés Atayde Rubiolo, externó el respaldo a la iniciativa presentada por la alcaldesa ya que "representa un avance necesario y urgente para el combate de este delito". "La iniciativa ofrece una actualización al marco legal para enfrentar estos riesgos en la era digital. En Acción Nacional estamos comprometidos con la seguridad digital de quienes vivimos en la ciudad y creemos que se requiere la implementación de unidades especializadas", manifestó.

Esta iniciativa trata de armar un sistema preventivo en el sistema de seguridad y, además, destacó Atayde, se acopla a estándares internacionales. "Este refuerzo de los recursos institucionales le permitirá a las y los chilangos tener mucha mayor seguridad en el combate a los delitos cibernéticos", sostuvo.

El "Plan Cuauhtémoc Libre de Extorsión", también contempla crear el "Distintivo antiextorsión", que les será colocados a las y los funcionarios de la alcaldía que acrediten exámenes de confianza, para descartar cualquier tipo de vínculo con la criminalidad, indicó Alessandra Rojo de la Vega.

Agregó que, además, se contempla la habilitación de módulos "Diana" en cada una de las 33 colonias que conforman la Cuauhtémoc, donde se ofrecerán capacitaciones profesionales en conocimientos altamente demandados y se celebrarán convenios con empresas, para que, cumpliendo los cursos, los beneficiarios tengan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, "generar oportunidades es la mejor estrategia de prevención y construcción de paz". 

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