Un reportaje presentado por el periódico Reforma reveló una red de corrupción y complicidades que opera al interior de la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual utiliza a menores de edad, hijos de padres en proceso de divorcio, para obtener beneficios económicos y manipular las resoluciones a favor de una de las partes.

Olivia Rubio, abogada penalista y representante de una de las familias afectadas, reveló que todos los casos detectados, al menos siete, están vinculados a un despacho a cargo de Ana Katiria Suárez Castro y en la Fiscalía las carpetas de investigación son atendidas por las mismas personas:

"En todos los casos, ese despacho solicitan la atención para el dictamen en materia de psicología al Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI) y, curiosamente, esta atención siempre recae en dos de los peritos que trabajan ahí y siempre salen, aún sin datos, con afectación", explicó.

Rubio afirmó que el despacho de Ana Katiria Suárez ha creado "una red de extorsión a las familias" y detalló el modus operandi, el cual consiste en solicitarles pensiones alimenticias irracionales "hablamos de entre un millón y un millón y medio de pesos al mes"; cuando los padre explican que esta solicitud está fuera de proporción, son acusados de violencia familiar y hasta sexual contra las niñas y niños.

Reforma consignó que en diversos asuntos iniciados por mujeres en contra de sus exparejas, todas representadas por la abogada Suárez Castro y radicados en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encontró la participación de diversos servidores públicos en la comisión de hechos con apariencia de delitos.

En las indagatorias CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00609/02-2024 interpuesta por Regina Seemann Audifred; en la CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/04559/11-2023 interpuesta por Marisol Cervantes Salvatori y CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00220/01-2024 interpuesta por María Fernanda Turrent Hernández, se encontraron similitudes entre abogados, Ministerios Públicos, psicólogos y peritos.

Los acusados denunciaron que la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico "con el objetivo de influir en decisiones clave relacionadas con la cuota de pensión alimenticia, custodia y otros aspectos financieros"; además de presentarse pruebas falsas y manipulación de testigos clave.