La adición del Protocolo Alba coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado fue aprobada este martes en el Congreso Local de Nuevo León para atender la ola de desapariciones y feminicidios de mujeres que han aquejado desde hace meses al estado.

Este protocolo consiste en un mecanismo de búsqueda para la localización de mujeres reportadas como desaparecidas, una mancuerna entre los tres órdenes de gobierno, incluida la coordinación entre autoridades, organismos públicos y privados, y sociedad civil para agilizar su búsqueda.

La aprobación de la reforma fue promovida por las iniciativas independientes de las diputadas Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano, Lorena de la Garza del PRI y Jessica Martínez de Morena.

"Esta reforma legal obliga a que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen el Protocolo Alba en Nuestro Estado como un mecanismo operativo de coordinación interinstitucional inmediata para la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas", expresó de la Garza.

El protocolo constará de tres etapas, el registro y activación inmediata del reporte de desaparición dado de alta por un agente del Ministerio Público; la implementación del Protocolo Alba, en el que un Grupo Técnico de Colaboración decide las acciones a llevar a cabo durante las primeras horas de búsqueda, y la investigación con la presunción del delito hasta encontrarla.

Además, se añadirá un registro de delitos contra mujeres con la clasificación de los hechos, el lugar y el hallazgo de los cuerpos, las características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo; este documento deberá estar accesible en el portal de la fiscalía y se integrará a la estadística criminal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.