El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, al calificarlo de "tendencioso y falto de rigor jurídico", situación que complicó la situación con colectivos de personas buscadoras.

El ejecutivo federal, mediante un comunicado en conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, consideró que el reporte de encuentra desactualizado, sin los eventuales avances del gobierno mexicano desde el 2019 a la fecha. Reiteraron su colaboración con la problemática.

"El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas... está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", señaló el comunicado.

"No tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025", agregó.

Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita "urgentemente" la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes

El gobierno de Claudia Sheinbaum señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 -correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico- y se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.

"La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el 27 de marzo y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución", agregó el ejecutivo federal.

Ante esta situación, colectivos integrados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sostuvieron que la negativa del Gobierno a reconocer la persistencia de este delito refleja una política sostenida de omisión.

"La negativa del Estado mexicano a reconocer la continuidad y persistencia de las desapariciones forzadas en México ha sido permanente, su nula respuesta en la práctica ha evidenciado que no existe la más mínima voluntad política de este gobierno ni de gobiernos anteriores por erradicar esta práctica que, como Campaña hemos señalado, es una política de Estado", declararon.

"Declarar que el informe del CED es tendencioso y sin rigor jurídico, demuestra que el Estado Mexicano no termina por entender que es su responsabilidad y obligación encargarse de dar respuesta a una problemática que, si bien no tuvo sus mayores dimensiones en este periodo de Gobierno, es su responsabilidad... por más que se cansen de decir que ya no hay desapariciones forzadas, estas persisten porque históricamente no se han esclarecidos los miles de casos mal llamados del pasado, y mucho menos los casos reciente", agregaron.

En paralelo a este conflicto, el colectivo "Amor por los Desaparecidos" reportaron la localización un presunto campo de exterminio en una zona despoblada al suroeste de Reynosa, Tamaulipas, donde se han encontrado al menos ocho cráneos humanos y diversos restos óseos.

Esto se suma a los reportes que dicho colectivo ha realizado durante la última semana de al menos tres hallazgos de restos óseos en distintos puntos de Reynosa, correspondientes a personas desaparecidas no identificadas.