La diputada por Morena de la CDMX Leonor Otegui presentará un paquete de iniciativas para "tratar de contener los efectos vulnerantes contra las audiencias provocados por los influencers". Si las mismas se aprueban en el Palacio de Donceles, las llevará al Congreso de la Unión para que tomen un carácter nacional.

El paquete se denomina Ley General para regular el contenido de influencers en medios y plataformas digitales. La misma plantea la creación de la Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en medios digitales.

En ella, detalló la diputada en conferencia de prensa, "las personas físicas y morales podrán interponer quejas cuando detecten contenido que, entre otras cosas, incide a actos de discriminación, contrarios a dignidad y derecho humanos".

El paquete legislativo tratará de contener la ola de retos virales que ponen en riesgo a los internautas, especialmente a los menores de edad; prevenir los riesgos a la salud que representan los productos o pseudo medicamentos milagro; para alertar sobre líderes de grupos o sectas que someten y estafan a sus seguidores, todos promovidos y alentados por "influencers" desde plataformas digitales.

"Hoy en día tenemos un mercado negro sin leyes donde miles de personas venden lo que quieren y como quieren sin ningún tipo de control", manifestó la diputada electa por la alcaldía Cuauhtémoc. Según explicó, la iniciativa tratará de "llenar un vacío legal" que le permite a los influencers "producir contenidos dudosos y no hacerse responsables de ellos, específicamente de los daños que puedan causar entre las audiencias".

Una vez ingresada la queja en la Plataforma Nacional de Seguimiento será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Salud o la Profeco, para realizar las investigaciones del caso y la tramitación de las sanciones correspondientes.

Las sanciones irían desde la eliminación del contenido vulnerante generado por el influencer, hasta sanciones económicas que podrían sumar dos veces el doble de la ganancia por la monetización. En caso de que el influencer trabaje por contrato, la sanción será por el doble del valor del mismo. En caso de no tener ningún beneficio económico, el divulgador de contenido recibirá una multa de 500 hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización vigente.

La iniciativa que busca ser ley "establece un vínculo de comunicación, entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica ante los conflictos por publicidad engañosa o transgresión a derechos humanos, como producto del marketing de influencers", se lee en la ficha de argumentación de la diputada Otegui.

Para ello se habrán de reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Administración Pública Federal.