El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, este sábado, el dictamen que adiciona el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con el propósito de tipificar y sancionar la injerencia sindical cometida por personas servidoras públicas.

La reforma establece como falta administrativa cualquier acto de intervención, coacción, intimidación, condicionamiento o uso indebido de recursos públicos que afecte la vida interna, los procesos democráticos, la administración o la libre organización de los sindicatos. Con ello, se fortalece la protección de la autonomía sindical y se garantiza que las organizaciones de personas trabajadoras puedan ejercer sus derechos sin interferencias indebidas por parte de autoridades o terceros.

Este avance deriva del proceso de armonización legislativa ordenado por el Congreso de la Unión tras la reforma federal publicada en diciembre de 2025. A este respecto, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, reconoció la trascendencia de la aprobación y destacó que dotar a la capital de este marco jurídico robustece de manera histórica la protección de los derechos de la clase trabajadora frente a viejas inercias de control político.