El Congreso de la Ciudad de México aprobó, este viernes, dos dictámenes presentados por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado morenista Juan Rubio Gualito, los cuales refuerzan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, promueven la igualdad salarial y actualizan el lenguaje jurídico para erradicar términos discriminatorios.

El primer dictamen, que reforma el artículo 10 de la Constitución local, reconoce el derecho a la desconexión digital y establece medidas para la erradicación de la brecha salarial por razón de género.

La propuesta establece que las personas trabajadoras pueden desconectarse de dispositivos y comunicación laborales fuera de su jornada, promoviendo el equilibrio entre la vida personal y profesional previniendo el agotamiento, así como establecer el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor con el objetivo de asegurar que mujeres y hombres reciban un salario equitativo por el mismo trabajo.

"Sí es posible legislar con perspectiva de derechos con sensibilidad social y con visión de futuro. El desarrollo económico no puede estar por encima del bienestar de las personas", aseguró Gualito durante su intervención en tribuna al posicionarse a favor del dictamen.

A propósito de esta iniciativa, también destacó que estas reformas no son meramente simbólicas, sino que "representan mandatos de acción concretas para el Estado, el sector privado y la sociedad".

El segundo dictamen presentado este viernes reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo, elimina términos desactualizados y promueve un lenguaje incluyente, alienado con los derechos humanos.

En este sentido, Rubio Gualito enfatizó que el lenguaje utilizado en las leyes no es un simple formalismo, sino que tiene el poder de incluir o excluir a las personas. Al respecto, señaló que en la CDMX grupos prioritarios, como las personas con discapacidad y adultas mayores enfrentan barreras estructurales para acceder a un empleo digno, las cuales muchas veces se reflejan incluso en la forma en que la ley las nombra.

Por ello, esta reforma es un paso para asegurar que el marco jurídico de la Ciudad esté libre de términos discriminatorios o que estigmaticen a las personas, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos.