El diputado por Morena de la CDMX Juan Rubio Gualito presentó, este jueves, una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de las Personas Trabajadoras al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta busca saldar una deuda histórica con el personal administrativo, técnico y operativo que permite la operatividad diaria de la capital, estableciendo un marco jurídico moderno, claro y garantista que regule las relaciones laborales entre los entes públicos y quienes desempeñan sus funciones en ellos.

En su mensaje, el diputado Rubio Gualito enfatizó que el espíritu de la propuesta radica en la dignificación del empleo burocrático, partiendo de la premisa de que "un gobierno comprometido con su gente debe también garantizar condiciones laborales justas, certeza jurídica y pleno respeto a los derechos de quienes sostienen el servicio público".

Según explicó, la iniciativa propone "reglas claras" para el sistema laboral del gobierno local, incluyendo a los poderes públicos, las alcaldías y las instituciones que ejercen funciones públicas, bajo la lógica de que el trabajo al servicio del Estado debe ser sinónimo de derechos plenamente garantizados. "Esta ley reconoce algo que durante mucho tiempo fue ignorado: el trabajo público también es trabajo digno".

Como parte fundamental de esta modernización, también se establecen parámetros para las condiciones de trabajo, se regulan las jornadas laborales y los periodos de descanso y se amplían las protecciones en materia de maternidad y paternidad, con plena salvaguarda del salario. Asimismo, se fortalece la vida democrática dentro de las instituciones al garantizar la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a organizarse y elegir a sus dirigencias mediante procesos transparentes de voto libre y secreto, lo que permite una representación auténtica y profesional ante el Estado.

En este sentido, el diputado oriundo de Iztapalapa señaló que la capital ha sido históricamente un laboratorio de derechos sociales y que esta nueva legislación, en coordinación con el gobierno local encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, representa un paso adelante en la consolidación de un modelo en el que gobernar no signifique administrar privilegios, sino ampliar derechos para la clase trabajadora que hace posible la implementación de las políticas públicas.

"Un Estado que exige profesionalismo también debe garantizar justicia laboral", subrayó el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México al señalar que las instituciones de gobierno deben ser las primeras en dar el ejemplo como empleadoras responsables y respetuosas de la ley, y en erradicar prácticas que durante años vulneraron la democracia sindical y el bienestar de las familias trabajadoras.

La propuesta, además, contempla la creación de un sistema de justicia laboral especializado mediante un Tribunal Burocrático, asegurando que los conflictos se resuelvan con imparcialidad y prontitud.

Finalmente, Rubio Gualito recordó que la protección de los derechos debe ser permanente, pues "la transformación del país, no solo se mide en grandes obras o indicadores económicos, también se mide en cómo se trata a las personas que trabajan todos los días para que el Estado funcione".