El senador José Narro Céspedes urgió a aprobar una nueva Ley Agraria que responda las demandas de los campesinos y ejidatarios, pues la actual, que lleva 32 años de vigencia, afirmó, "ha pulverizado" el campo mexicano, tiene lagunas e incertidumbres y ha provocado que más de cuatro millones de hectáreas de tierra pasen a manos de privados, por lo que la calificó como "anticampesina"

"Las disposiciones que regulan la propiedad, las sucesiones, el usufruto y los contratos no corresponden a la realidad del campo ni a la idiosincrasia de los campesinos mexicanos. La comisión de abusos e injusticias dentro del marco de la Ley y en contra de las familias de ejidatarios y comuneros es pan de todos los días", advirtió.

En el foro, "La Defensa de la Propiedad Social de la Tierra", organizado en Tepoztlán, Morelos, el legislador de Morena subrayó que, contrario a lo que se cree, el problema agrario no se ha resuelto, sino que se agravó desde la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992.

Con ello, señaló el legislador, concluyó el reparto de tierras y la entrega de los tribunales en esta materia a intereses privados que fallan en contra de los ejidatarios.

Ante representantes de diversas organizaciones campesinas, Narro Céspedes explicó que una nueva propuesta de Ley Agraria debe incluir a la "propiedad social" de la tierra como sujeto de derecho, puesto que solo existen en las normas las modalidades privada y pública, que no toman en cuenta al ejido ni a la comunidad y tratan a las pequeñas propiedades como propiedad privada.

Además, consideró es necesario combatir el acaparamiento de tierras, pues empresas privadas mineras, turísticas, inmobiliarias y agropecuarias se han apoderado de las de mejor calidad y ubicación, y se han beneficiado de las leyes vigentes, pues éstas dan prioridad al usufructo, es decir, los bienes derivados del uso de una tierra, sobre la propiedad, lo que provoca despojo y atraco en contra de los campesinos.

Otros dos puntos relevantes, explicó el senador, es integrar los tribunales agrarios al Poder Judicial de la Federación, pues actualmente son sólo de carácter administrativo y no tienen facultades jurisdiccionales.

Además, dijo, es indispensable crear un código de procedimientos agrarios, ya que actualmente se resuelven los litigios agrarios a través del Código de Procedimientos Civiles, que sólo regula asuntos privados y no beneficia a las comunidades ni a los campesinos.

José Narro Céspedes insistió que la actual Ley Agraria y la reforma al 27 constitucional, aprobadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, "rompió el tejido social" de los ejidos y los campesinos, además de que le otorgó poder en las decisiones de las tierras a los comisarios ejidales en lugar de a las comunidades, con lo que se han propiciado actos de corrupción en la venta de ejidos.

Aclaró que tanto él como sus compañeros de bancada en el Senado y en la Cámara de Diputados ya han propuesto reformas en esta materia que, no obstante, no avanzaron, pues se dio prioridad a otras reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que corresponderá al próximo titular del Ejecutivo Federal y a la siguiente legislatura en el Congreso de la Unión atender esta demanda de los campesinos.