El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado a las autoridades locales de Nuevo León, para investigar a fondo el caso del gobernador de ese estado por posibles violaciones a la ley: "Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra", señaló.

El Congreso de Nuevo León se encuentra analizando diversos expedientes contra el gobernador por presuntas responsabilidades administrativas e incluso penales, con lo que se llevaría a cabo un juicio político y su eventual desafuero, seguido de una posible destitución.

El diputado federal destacó que recientemente, la Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivó el proceso dos juicios políticos contra García Sepúlveda por presuntas violaciones en materia electoral. Incluso el Tribunal Federal Electoral ya determinó que no hubo transparencia ni imparcialidad dentro del proceso electoral de 2024, por lo que se habría beneficiado a Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera y Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, recordó que enfrenta investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos delitos financieros y desvío de recursos públicos. "Está en marcha una investigación relacionada con el negocio del huachicol y facturación falsa, en la que se muestra una relación con familiares directos del gobernador".

De acuerdo con algunas investigaciones, el gobernador habría facilitado triangulaciones de recursos públicos para beneficiar a su despacho personal, "Firma Jurídica y Fiscal Abogados". Los indicios señalan que el esquema funciona mediante una primera transferencia de recursos públicos a un proveedor, en este caso, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León a la empresa "Suministro MYR". Ésta, de manera inmediata, habría hecho una transferencia a su empresa hermana, "Proveedor de productos mexicanos JACE". Finalmente, JACE habría remitido recursos al despacho mencionado, propiedad del mandatario estatal y su padre.

Por otro lado, algunas fuentes señalan que el despacho "Firma Jurídica y Fiscal Abogados" habría destinado más de 81 millones de pesos a la campaña en redes sociales de Samuel García, mediante la intermediación de la empresa "Nauka Comunicación Estratégica", proveedora también del gobierno estatal.

A todo ello se suma la reciente detención del empresario Jesús Ricardo Puente, que tiene indicios de pertenecer a una red de "Petrofactureros", relacionados con el padre y medio hermano del gobernador de Nuevo León: "Desde luego, una relación de colaboración no puede calificarse en automático de ilegal; sin embargo, las posiciones de poder y privilegio de unos cuantos facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo y corrupción, por lo que deben ser investigadas a fondo".

Advirtió que, en muchas ocasiones, las autoridades locales cierran sus investigaciones sin haberlas desarrollado bajo los más altos estándares de profesionalismo, favoreciendo la protección política e impunidad, que debilita la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho.

"Es fundamental que tanto la fiscalía local como el Congreso de Nuevo León lleven a cabo sus respectivos procesos de investigaciones contra Samuel García, que ya son varias. Nadie puede ocultarse tras el privilegio del fuero para salir impune de la justicia", mencionó.

Asimismo, recordó que la Fiscalía General de la República también podría citar a declarar el gobernador de Nuevo León, ante los posibles casos de delitos federales, como el lavado de dinero o la facturación falsa.

El diputado subrayó que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, al profundizar desigualdades, limitar el crecimiento económico y deteriorar la legitimidad institucional. "Por ello es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción", señaló.

Finalmente, sostuvo que México necesita instituciones fuertes, investigaciones profesionales y una política anticorrupción capaz de enfrentar intereses políticos y económicos sin excepciones ni privilegios. "La impunidad no puede seguir siendo la regla. El país necesita una transformación profunda de sus mecanismos de investigación y rendición de cuentas", concluyó.