El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, puso en marcha la Oficina Operativa de Asesoría Jurídica Intercultural del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guaymas, Sonora, esto con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia de pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Acompañado por los gobernadores tradicionales de Belem, Alonso Abraham Álvarez Valencia; de Huírivis, Nicolás Molina Molina; de Pótam, Juan Saviva Amarillas; de Ráhum, Alberto Ignacio Martínez García, y de Tórim, Gabriel Suárez Jecari, el ministro presidente enfatizó que la autonomía e independencia judicial ya no es separación, aislamiento ni confrontación; es debida coordinación.

Afirmó que "todos trabajamos para el mismo pueblo: el pueblo de México; todos buscamos el mismo objetivo. Atrás se quedan esos tiempos en que teníamos que cuidarnos del que estaba al lado, del que tenemos enfrente", dijo el ministro.

Durante el evento, en el que también participaron Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) e Indira Isabel García, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que la justicia no es un privilegio, es un derecho que está al alcance de todas las personas.

"La justicia no es un privilegio. La justicia es un derecho. No está más al alcance solo de quienes en su tiempo pudieron pagarla, rentarla, comprarla o manipularla. Hoy está aquí a ras de suelo con toda transparencia y cercana a la gente", ratificó.

En su oportunidad, Crescencio Buitimea Valenzuela, rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, aseveró que la nueva oficina significa acercar la justicia al territorio yaqui, construir instituciones más sensibles a la diversidad cultural, y reconocer que la defensa de los derechos debe caminar junto con los pueblos indígenas.

Al hacer uso de la palabra, Adelfo Regino Montes, director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, enfatizó que gracias a las recientes reformas constitucionales "hoy nuestros planes de justicia tienen reconocimiento en la Constitución mexicana y son un ejemplo en nuestro país".

Durante su intervención Catalina Ramírez Hernández, integrante del OAJ, destacó que nadie debe sentirse ajeno a la justicia por hablar una lengua indígena, por vivir lejos de una ciudad o por no contar con recursos económicos, pues la justicia debe abrazar a todas las personas por igual.

Finalmente, Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, subrayó que la nueva oficina significa que la justicia se hace en territorio; que se pueden tener defensores que hablen las lenguas indígenas y que se reconoce la cosmovisión ancestral de cada uno de los pueblos.