El coordinador de diputados del PRI en Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para permitir que un familiar o persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido por conducir en estado de ebriedad, evitando así que la unidad sea enviada al corralón.

El legislador priista destacó que la propuesta está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista respecto la retención del vehículo, al considerar que esta última pierde su finalidad preventiva una vez que desaparece el riesgo de la conducción en estado de ebriedad.

"Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro", afirmó.

"Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación", insistió Treviño Cantú.

La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para establecer que se permita que una persona distinta al conductor, con licencia o permiso vigente y en condiciones aptas para manejar, pueda hacerse cargo del vehículo en los términos que determinen los reglamentos municipales.

El Coordinador priista indicó que municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan en sus reglamentos esta práctica, pero lo mejor es incluirla en la ley estatal para que se extensivo a todo el estado.

"La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa", refirió.