El coordinador del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado ante la necesidad de que Nuevo León cuente con un marco jurídico fuerte, claro y efectivo que mejore la operatividad y eficacia de la nueva Fiscalía Especializada en materia Ambiental.

Aunque la Fiscalía Ambiental ya está en funciones, el líder de la bancada del PRI destacó que es indispensable reforzar el marco legal para dotarla de herramientas jurídicas y operativas que le permitan actuar de forma oportuna y eficaz ante situaciones críticas, sobre todo cuando las áreas protegidas estén en riesgo.

"Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso", dijo Treviño Cantú.

"Necesitamos un marco jurídico sólido que permita proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las decisiones y acciones de la autoridad se ejecuten bajo plena certeza jurídica, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el principio de legalidad", agregó.

La iniciativa contempla reformas a los artículos el artículo 231 y se adiciona un artículo 231 bis de la Ley Ambiental, así como la creación de un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia mediante el cual se establece formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, definiendo sus facultades, procedimientos y atribuciones para investigar, prevenir y sancionar delitos ambientales.

"La propuesta busca darle a la Fiscalía Ambiental la facultad de intervenir en casos de riesgo inminente dentro de áreas protegidas, incluyendo la suspensión inmediata de obras, construcciones o actividades que representen peligro para los ecosistemas", declaró el priista.

Treviño Cantú abundó que está atribución permitiría reaccionar con rapidez ante actividades ilícitas que puedan causar daños irreversibles, además de fomentar la participación ciudadana mediante denuncias y reportes técnicos que activen la intervención preventiva de la autoridad.

"La regulación clara de las facultades de esta Fiscalía elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, al obligar a documentar y justificar cada actuación, facilitando la evaluación de resultados y la identificación de áreas de oportunidad", concluyó.