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Grupo Salinas denuncia ante la CIDH presunta persecución desde el Ejecutivo
Además, se reunió con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

El presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por presunta persecución política en su contra que data desde el 2023.

La presentación se dio en el contexto de una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington D.C. con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Se trata de una "acción decisiva para la defensa de la libertad en nuestro México"

La denuncia señala la persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, todo en clara violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En la conversación, se detallaron las diversas herramientas de represalia utilizadas como: Criminalización de la crítica, donde se documentó cómo el Estado utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del señor Salinas Pliego.

El hostigamiento administrativo, debido a que las empresas de Grupo Salinas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a periodos anteriores.

La captura del Poder Judicial, luego de la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo.

Además, de otros puntos que confirman que este caso trasciende lo personal, y realiza un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho.

A través de esta acción, se solicita al organismo internacional que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país.

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