El sector minero manifestó inquietudes sobre el estado de derecho en México en su reciente Convención en Acapulco.

El fundador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), Raúl Mejía Garza, refirió en el panel "La Reforma Judicial y el Sector Minero" como preocupante la integración de la autodenominada Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según explicó el jurista, el impacto no se limita al sector minero, sino que alcanza a la impartición de justicia en general.

Mejía Garza cuestionó que el máximo tribunal esté dejando de lado los argumentos estrictamente jurídicos. Aseguró que los litigios ya no son estratégicos y que pareciera que ya no gana quien ofrece el mejor argumento jurídico, sino quien construye además un discurso eficaz desde un punto de vista social. En su análisis, las resoluciones de la nueva Corte tienden a fundamentarse en supuestos beneficios sociales y mediáticamente rentables, bajo criterios que relegan el apego estricto a la legalidad. A ello, dijo, estarían expuestas decisiones sobre concesiones mineras, donde anticipa un sesgo hacia posturas favorables al gobierno en turno.

En otro panel dentro del mismo evento, organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Karina Rodríguez Matus, asesora jurídica de la Cámara Minera de México (Camimex), enfatizó que la reforma legal a la ley minera, aprobada por la mayoría oficialista en 2023, requiere una revisión profunda.

Advirtió que la falta de claridad normativa y la ausencia de un reglamento están generando incertidumbre tanto para nuevos inversionistas como para quienes ya operan concesiones mineras, lo cual, afirmó, coloca al país en desventaja frente a otros competidores internacionales.

La incertidumbre normativa no sólo frena la inversión, sino que también pone en riesgo la competitividad del sector. Además, añadió que es necesario un diagnóstico realista e informado del sector, y trabajar en una nueva ley que permita que el riesgo y el elevado financiamiento que exige la exploración minera regrese a cargo de los particulares.

La perspectiva global del sector también estuvo presente en la convención, en el Panel de Expertos Internacionales titulado "Minería: Oportunidades Actuales y Futuras".

En ese foro Juan Ignacio Díaz, presidente de la International Copper Association (ICA), subrayó que en todo el mundo las empresas deberán incorporar la geopolítica en su toma de decisiones, particularmente ante el creciente uso de tarifas y restricciones comerciales en distintas regiones del planeta.

Además, apuntó que los compradores exigirán cada vez más materiales accesibles, circulares, disponibles y producidos de manera responsable y con baja huella de carbono, lo cual, se ajusta a la producción de las empresas mineras modernas.

En esa misma mesa, Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas de Perú, destacó el papel central que consolidará específicamente el cobre en los próximos años, en tanto que la transición energética y el uso de la Inteligencia Artificial incrementarán sustancialmente la demanda de ese metal, por lo que su precio continuará con una tendencia al alza.

La convención minera en Acapulco dejó claro entre los profesionales y empresarios de ese sector que el inestable marco legal y regulatorio se advierte como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del potencial minero de México, en un momento en el que la industria enfrenta fuertes presiones internacionales, cambios tecnológicos y fuertes retos ambientales.