La gentrificación es causada por la especulación; algunos extranjeros se mudan cuando los habitantes originales ya no pueden pagar, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, durante su participación en el conversatorio "Derecho a la ciudad y gentrificación", efectuado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Luego de escuchar los testimonios de varios capitalinos que han sido víctimas de este fenómeno en distintos puntos de la urbe, la Ministra del Pueblo explicó que la especulación con el suelo urbano no ha podio frenarse con la construcción de vivienda social, por lo que el primer paso para superar este conflicto es hacer un diagnóstico de la situación.
"Nos deben un diagnóstico, es decir, cuánta gente es desplazada, de dónde es desplazada y por qué es desplazada. Sobre todo, cuando ese desplazamiento no es voluntario. El problema es que no podemos decidirlo, el problema es que nos tenemos que mover de un departamento, una casa, un cuarto, un lugar que rentamos, o incluso hay quien tiene que vender porque no tiene dinero", señaló.
La ministra Batres planteó algunas propuestas para analizar como parte de la solución a la gentrificación, entre ellas un control de rentas en toda la ciudad, que se pague por el cambio en el uso de suelo, detener la especulación con la vivienda social y gravar la especulación en el mercado inmobiliario.
Sobre el papel que ha tenido la SCJN en este tema, la Ministra del Pueblo recordó que lamentablemente contribuyó a alentar la gentrificación al declarar inconstitucional, en 2015, el cobro del impacto urbano de nuevas edificaciones, lo que permite a las grandes constructoras promover amparos para obtener devoluciones millonarias por este concepto.
"La Corte no tiene al día de hoy una sola jurisprudencia donde establezca cómo satisfacer ese derecho humano. Tiene 30 jurisprudencias sobre derecho a la vivienda que tienen que ver más bien con Infonavit y con Fovissste, pero no tiene ninguna como derecho humano.
"Y vean el tamaño de lo dramático, tenemos 12 mil jurisprudencias sobre proporcionalidad y equidad tributaria, que sirven para evitar pagos fiscales", señaló Lenia Batres.
En este coloquio participaron también Lucía Álvarez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM; Martha Ávila, diputada de la Ciudad de México; Silvia Emanuelli, coordinadora regional de la Coalición Internacional para el Hábitat; Guillermo Rodríguez, del Instituto de Vivienda capitalino, y los constitucionalistas Federico Anaya y Raymundo Espinoza, entre otras personalidades.
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