La contratación de deuda para inversión pública productiva por 3 mil 500 millones de pesos fue aprobada por el Congreso del Estado; recursos que se destinarán principalmente a resolver de largo plazo el problema de abastecimiento de agua potable, en particular en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Quintín y a construir infraestructura en las áreas de salud, educación, seguridad pública y movilidad urbana para hacer frente y parar la violencia contra las mujeres.

"Contratar deuda conlleva siempre un costo político, el cual asumimos. Por encima de ese costo político son más grandes las necesidades de obra pública en materia de agua potable en los municipios de la costa del estado. La población exige que se garantice el abasto de agua y para ese fin se destinarán 3 mil millones de pesos", precisó la diputada María del Rocío Adame Muñoz, presidenta del Congreso.

La legisladora destacó que se le da un voto de confianza a la gobernadora Marina del Pilar Ávila para que saque adelante todo un plan de obras, pero sujeto supervisión del Congreso. El dictamen aprobado establece una revisión por parte de los legisladores de por lo menos cada seis meses, del programa en su conjunto y de obra por obra, de acuerdo al distrito electoral que atiende cada diputado.

Se asentó en el dictamen, aprobado con 19 votos favor y seis en contra, que en administraciones anteriores se ignoró el problema de abastecimiento y saneamiento de agua, afectando a la población y aunado lo anterior hay factores como el crecimiento de los habitantes, las condiciones de sequía que atraviesa la región y la mala gestión de las pasadas administraciones en el funcionamiento de los organismos operadores de agua en Baja California lo que ha acrecentado el déficit que se padece en la costa del Estado.

Se precisó que la población en el Estado en 2020 alcanzó la cifra de 3 millones 769 mil 020 habitantes, con una tasa de crecimiento estatal de 1.8% anual, siendo los municipios de la zona costa los que registran las mayores tasas de crecimiento poblacional promedio.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que en 2030 llegaremos a 4 millones138 mil 349 personas (con una tasa de crecimiento de 1.08% anual) y en el año 2050 alcanzaremos la cantidad de 4,776,728 habitantes con un ritmo de crecimiento menor (0.38% anual).

De acuerdo a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), los Municipios del Estado presentan los siguientes niveles de oferta y demanda de agua:

Ensenada tiene una oferta actual de 30.1 Millones de Metros Cúbicos al año (Mm³/año), y una demanda de 32.7 Mm³/año, presentando un déficit de -2.6 Mm³/año, equivalente a 82.5 Litros por segundo (L/s) promedio anual.

Tecate tiene una oferta actual de 8.9 Mm³/año contra una demanda de 10.6 Mm³/año presentando un déficit de -1.7 Mm³/año, equivalente a 54.0 L/s promedio anual.

San Quintín tiene una oferta actual de 3.0 Mm³/año contra una demanda de 8.4 Mm³/año presentando un déficit de -5.4 Mm³/año, equivalente a 171 L/s promedio anual.

Tijuana y Rosarito tienen una oferta actual de 157.7 Mm³/año contra una demanda de 173.5 Mm³/año presentando un déficit de 15.8 Mm³/año, equivalente a 501 L/s promedio anual.

Mexicali y San Felipe tienen asegurado el abasto de agua hasta el año 2035.

La infraestructura actual de colectores, emisores, cárcamos, plantas de bombeo de aguas residuales se encuentran en condiciones de riesgo con gran porcentaje de vida útil rebasada, proclives al colapso, ocasionando derramas y riesgos a la salud.

La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en el Estado, tienen capacidades insuficientes y con equipamiento operando con bajas eficiencias. No se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para hacer frente a las rehabilitaciones, ampliaciones y construcción de infraestructura para asegurar una correcta operación del sistema de saneamiento.

Para todo eso se destinarán los tres mil millones de la nueva deuda.

INVERSION DE 500 MILLONES A FAVOR DE LAS MUJERES

En el paquete de nueva deuda se va a favorecer el desarrollo de proyectos y acciones orientados a disminuir las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, a impulsar la perspectiva de género en las políticas públicas, es decir para frenar la violencia contra las mujeres y para ese fin habrá 500 millones de pesos.

Con ese monto se financiarán proyectos en los siguientes rubros: Infraestructura en seguridad pública y su equipamiento; Infraestructura en salud y su equipamiento; Infraestructura en educación y su equipamiento; Infraestructura social y equipamiento; movilidad urbana, y mejoramiento de infraestructura pública administrativa.