El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración tomó medidas contra una red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En un hecho sin precedentes, el gobierno estadounidense operó, mediante inteligencia de seguridad, contra cinco presuntos delincuentes mexicanos, catalogándolos como terroristas. Estos serían parte del Cártel de Sinaloa y se encontraban en Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México.

"Al cortar los flujos financieros hacia el cártel, estas sanciones protegerán el sistema financiero estadounidense, debilitarán la capacidad del cártel para introducir drogas letales en Estados Unidos y protegerán vidas estadounidenses", señaló.

Por otro lado, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo : "El Presidente Trump y yo lo hemos recalcado muchas veces: la seguridad económica es seguridad nacional. Una de las funciones más importantes que desempeñamos en el Tesoro es proteger los intereses estadounidenses de los adversarios extranjeros".

Los sancionados específicamente por apoyo material al terrorismo incluyen a Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien lidera una célula de lavado de dinero a granel en la frontera de Mexicali, Baja California, tanto para las facciones de Los Chapitos como de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa.

Bajo el concepto de apoyo financiero al terrorismo, se sancionó Alan Viramentes Sesteaga, un asociado directo en Sinaloa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar; además de dos operadores del Cártel basados en Mexicali, Baja California, Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Paez Vargas.