El caso de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en 2019, ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras la liberación de su presunto agresor, Juan Vera Carrizal. Este suceso ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la eficacia y la imparcialidad del sistema judicial en México.

María Elena Ríos, víctima de un ataque brutal que le dejó secuelas físicas y emocionales permanentes, ha luchado incansablemente por justicia. Sin embargo, la reciente decisión de liberar a Vera Carrizal, exdiputado priista y empresario acusado de ser el autor intelectual del ataque, ha suscitado serias dudas sobre el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia de género.

La liberación de Vera Carrizal no solo representa un golpe devastador para María Elena y su familia, sino que también envía un mensaje alarmante a todas las mujeres en México: la justicia puede ser comprada y las agresiones pueden quedar impunes. Esta situación es un claro reflejo de la falta de perspectiva de género en la aplicación de la justicia y la influencia de factores externos, como el poder político y económico, en las decisiones judiciales.

La lucha de María Elena Ríos no es un caso aislado. Muchas mujeres en México enfrentan un sistema que a menudo minimiza su sufrimiento y retrasa o niega el acceso a la justicia. La violencia de género sigue siendo una pandemia en el país, y casos como este demuestran la urgencia de implementar reformas profundas en el sistema judicial para garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen.

Es crucial que los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos continúen vigilando y denunciando estos casos. La presión pública es fundamental para exigir transparencia y responsabilidad en el sistema judicial. Solo así se podrá avanzar hacia un México donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos y todas.

La liberación de Juan Vera Carrizal es evidencia que la justicia a todas las mujeres que luchan por vivir libres de violencia no es suficiente. No podemos permitir que este y otros casos similares queden en el olvido. Es momento de alzar la voz y exigir un cambio real y duradero en la manera en que se trata la violencia de género en nuestro país.