Un tribunal federal confirmó un crédito fiscal de 1603 millones de pesos contra Grupo Elektra, que señaló presiones políticas contra los magistrados, y dijo que su caso muestra las consecuencias más graves de "la farsa electoral judicial". 

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó a la empresa el amparo directo contra el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que al igual que en múltiples casos previos reconoció en septiembre de 2023 la legalidad de la resolución del SAT, por ISR omitido en el ejercicio de 2012. Ahora la discusión seguirá en la Corte Suprema.

"La resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que negó el amparo a Grupo Elektra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos", expresó la compañía en un comunicado.

"Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello", agregó.

"Los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhinbieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia", señaló.

"En Grupo Salinas siempre hemos defendido nuestro derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Seguiremos ejerciendo nuestra defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos, con el firme propósito de combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados", concluyó.