La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; la titular del INDAUTOR, Karina Luján Luján; asà como el dirigente de la SACM, Roberto Cantoral, impulsan un nuevo impuesto de hasta 2% sobre celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos.
El movimiento está generando quejas en sectores del empresariado, justo en un momento en el cual el oficialismo busca captar nuevas inversiones para impulsar la economÃa.
El planteamiento parte de cobrar por la capacidad del dispositivo para almacenar o reproducir contenidos, independientemente de que su propietario realice copias de obras protegidas. Una suerte de cobro preventivo por el uso que eventualmente podrÃa darse al equipo.
Cantoral impulsó este esquema de recaudación en 2021, sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta, incluyendo a Morena y sus aliados.
El cambio ahora está en la vÃa. Lo que entonces se buscó mediante una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, la SecretarÃa de Cultura e INDAUTOR pretenden instrumentarlo por Reglamento, incorporando sujetos obligados, dispositivos, base de cálculo y una tarifa de hasta 2%.
Entre los hombres de negocios señalan que el impulso de Curiel, Luján y Cantoral ocurre, además, sin un estudio mexicano que cuantifique el perjuicio por copia privada, la intensidad de uso por dispositivo o siquiera la recaudación esperada.
La tarifa se calcularÃa sobre el valor del aparato. Un equipo más caro pagarÃa más aunque la diferencia de precio provenga del procesador, la cámara, la pantalla o sus capacidades de cómputo, y no de una mayor reproducción de contenidos.
Estimaciones de la industria calculan que este impuesto podrÃa representar entre 700 y 750 millones de dólares al año, con efectos sobre inversión, competitividad y adopción tecnológica.
Además, se estima que contempla recursos para sociedades de gestión colectiva -incluida la de Cantoral- y que 5% de la recaudación llegue directamente a la SecretarÃa de Cultura, lo que añade otra dimensión al interés de las partes en el diseño del mecanismo.
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