Opinión
De Chernobyl a Mexicali
Por El Diablillo de La Rumorosa
Amador Rodríguez Lozano a la Consejería Jurídica. Falta servicio de limpia en Tijuana. Humo blanco en el Colef. Zona de Desastre.

De los bellos parajes de La Rumorosa vuelve a emerger el Diablillo de Vallecitos, cazando y desmenuzando la noticia. Gracias a La Política Online (LPO) por abrir su espacio a estas líneas.

DE CHERNOBYL A MEXICALI

Hay plantas generadoras de energía que terminan por generar problemas y pueden ser muy peligrosas; el ejemplo más conocido es Chernobyl, que en abril de 1986 provocó el accidente nuclear más grande en la historia de la humanidad. De aquella explosión, el mundo aún sufre las consecuencias.

En Baja California tenemos un caso que raya en el surrealismo: Next Energy, una planta en Mexicali que, sin construirse, ya causó daños irreparables a varias personas del ámbito político.

La historia se remonta a 2020, cuando el gobierno de Jaime Bonilla logró la aprobación del Congreso Local para ese proyecto, mediante un contrato con una empresa privada. En esa ocasión la diputada panista Eva María Vázquez razonó su voto en contra, argumentando que sería entregar un "cheque en blanco" al entonces gobernador. El diputado del extinto PBC, Rodrigo Otáñez, calificó el contrato de abusivo y falto de transparencia y advirtió sobre el peligro de poner en garantía las participaciones federales. David Rubalcaba, del PRI, la ubicó como una iniciativa elaborada "al vapor" y señaló el riesgo de que, al aprobarla, el Congreso podría quedar "en ridículo".

El principal defensor de la iniciativa en aquella legislatura fue el diputado Juan Manuel Molina, quien señaló que era la mejor alternativa en términos económicos. Entonces fue cuestionado por su incongruencia, ya que se le recordó que como panista había defendido la participación privada en obras públicas, después, como morenista se había opuesto a esa modalidad y entonces nuevamente la defendía; para salvar el tema, el diputado centró su defensa en "el tipo de energía" que se produciría. El gobierno federal, en voz de su delegado único, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, expresó su beneplácito con la propuesta.

Finalmente, el 15 de junio de 2021, Jaime Bonilla colocó la primera (y única) piedra de lo que se anunció como "la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica". En esa ceremonia, el mandatario presentaba la obra como "el principio de muchas cosas buenas que vienen para nuestro estado". A su izquierda, la entonces alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondía sonriente: "así es".

Nadie en aquel evento, ni remotamente, advertía que el principio de las "cosas buenas", era el augurio de una serie de litigios de consecuencias que aún están por verse. No había finalizado la administración bonillista cuando la planta se comenzó a tambalear. Para entonces el diputado Molina volvió a hacer gala de su doctrina Chimoltrufia, "yo como digo una cosa digo otra", y oponerse al proyecto. Bonilla, aún con los efluvios del poder, lo acusó de incongruente e ignorante y de actuar para "congraciarse con la nueva gobernadora".

El gobierno de Ávila Olmeda ha presentado una denuncia contra su antecesor al considerar que dicha planta constituiría un grave daño patrimonial en contra del estado, señalando graves irregularidades en el contrato y el proceso de licitación.

Los principales damnificados son, desde luego, el exgobernador y sus funcionarios. Pero el asunto salpica a más personas, como el propio diputado reelecto Juan Manuel Molina, quien hoy argumenta que desconocía el contrato y la empresa con la cual se firmaría; es decir, defendió y votó a favor de una iniciativa que hoy reconoce como lesiva para el estado, sin conocer sus detalles. También afecta a quienes por acción u omisión avalaron la obra, como el actual secretario de Economía, Kurt Honold Morales, quien participó formalmente como "observador ciudadano" y avaló con su firma el proceso de licitación hoy cuestionado.

Quien ahora aparece al frente de la defensa del patrimonio es el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, responsable de integrar la investigación base de la denuncia. Por él supimos que ya la federación retuvo de sus aportaciones al estado la cantidad 123 millones de pesos para ser entregados a Next Energy como parte de la garantía contractual, como en su momento lo advirtió el diputado Otáñez. Pero el propio Moreno Mexía corre sus riesgos. Resulta que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya abordó el tema en sus conferencias mañaneras y anticipó que las denuncias "no prosperarán". Ante esto el secretario Moreno Mexía ha respondido que sí proceden y que el presidente "no está enterado" y que "desconoce detalles del fideicomiso y el contrato". Tal parece que al secretario, novato en las lides de la 4T, nadie le ha informado sobre la regla no escrita de jamás contradecir al jefe máximo.

AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Fuentes que nos piden no revelar sus nombres aseguran que ya se encuentra en el escritorio de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la propuesta para integrar a su equipo al exsecretario Amador Rodríguez Lozano. Pero no se trata de sustituir al titular, Juan José Pon Méndez, sino de servicios de asesoría estratégica. La idea se basa en la táctica de "política inversa": le han sugerido a la mandataria que pida al experimentado político una sugerencia para cada iniciativa o decisión clave de su gobierno y, obtenida la ficha, proceda en sentido inverso. Justifican la sugerencia en el hecho irrefutable de que a Rodríguez Lozano todas las propuestas le salen al revés.

FALTA SERVICIO DE LIMPIA EN TIJUANA

No nos referimos a la recolección de basura, dependiente de Servicios Públicos Municipales que, dicho sea de paso, es el mejor servicio que ofrece el ayuntamiento. Llueva, truene, relampaguee o azoten vientos de Santa Ana, las unidades recolectoras recorren la ciudad en búsqueda de lo que la ciudadanía no quiere volver a ver, con una eficiencia a veces no reconocida.

La limpia que se requiere es de gallina o de huevo: urge persona dedicada a la brujería blanca para tratar a la alcaldesa Montserrat Caballero. Ya van muchas al hilo: primero el juego de las sillas, luego la cuenta clonada de Facebook y ahora, la operación de apendicitis. El diablillo de Vallecitos envía deseos de pronta recuperación a la joven y dinámica presidenta.

HUMO BLANCO EN EL COLEF

Finalmente, en el Colegio de la Frontera Norte se dio a conocer la designación de su nuevo presidente: Víctor Alejandro Espinoza Valle. En el camino quedaron las ilusiones de un amplio sector de esa institución que auguraba el arribo de Rocío Barajas Escamilla, una académica muy identificada con la Cuarta Transformación. Pero mientras las feministas coreaban en las calles consignas contra el patriarcado, aquel templo del saber apuntalaba sus viejas estructuras.

La decisión, según nos informan, trascendió a los elitistas cónclaves de esa institución, y hasta los del propio CONACYT; al parecer fue una negociación de alto nivel, impulsada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, como parte de algunos "compromisos políticos". Bien dicen que el diablo el diablo se esconde en los detalles. Pero, por favor no confundir con el autor de estas líneas. El crédito corresponde a otra de las encarnaciones del maligno: Fernando Castro Trenti.

ZONA DE DESASTRE

Tras los deslizamientos de Tierra en la colonia Camino Verde de Tijuana y el inminente derrumbe de decenas de viviendas, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha declarado el lugar como Zona de Desastre, medida que sin duda contribuirá a dimensionar y atender la emergencia. Ojalá las autoridades atiendan el asunto con la prontitud y eficiencia que se requieren. Ojalá que también recuerden que hay muchos asuntos pendientes de solución en las tragedias similares ocurridas en las colonias Lomas del Rubí y Sánchez Taboada, en la misma ciudad.

Y ya que entramos en materia de derrumbes inminentes, muy conveniente sería que la mandataria declarara también al Instituto de Movilidad Sustentable, IMOS, como Zona de Desastre. Temas como carencias en transporte público, problemas entre concesionarios, pleitos de taxistas, registro de automóviles, tráfico vehicular y movilidad ciudadana se han convertido en un dolor de cabeza para la actual administración. Mientras tanto, llueven denuncias de indolencia, burocratismo y corrupción. El director de la dependencia, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, quien parece vivir en una realidad alterna, dice desconocer los asuntos y no resuelve los problemas; tanto, que entre sus propios subordinados, ya no se le conoce como el Bibi, sino como el Bavia.


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