La activista Kenia Inés Hernández, recluida en un penal federal de Morelos podría estar siendo víctima de fabricación de delitos por denuncias penales hechas por organizaciones criminales que operan en el Estado de México y Ecatepec.

Defensores de los derechos humano y organizaciones civiles concluyeron que los delincuentes podrían estar coludidos con servidores públicos estatales para acumularle imputaciones y evitar su salida desde hace un año y medio por lo que exigieron a la Fiscalía General de la República una investigación profunda sobre estos nexos.

Señalaron que en los próximos días presentarán pruebas de la relación entre estos delincuentes y burócratas antes las autoridades correspondientes para que se haga justicia y se ponga en libertad inmediata a la abogada por lo que solicitaron la intervención inmediata del gobierno del Estado de México para atender el abuso de poder del que están haciendo uso los involucrados para criminalizar la protesta social.

A finales de abril mujeres, activistas y organizaciones como Juntos por la Libertad con Zeferino Ladrillet y Manada Periferia se manifestaron en contra de la detención y encierro de la activista indígena amuzga.