El pasado fin de semana la Fiscalía del Estado de México lideró acciones simultáneas en 20 municipios de la entidad, en las que clausuraron 312 establecimientos tipo barberías o estéticas, a las que llamó Operativo Atarraya, lo cual terminó en dos agentes bajo investigación por irregularidades en los cateos.

No es la primera vez que ocurre. La Operación Atarraya es una estrategia conjunta que involucra a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Seguridad estatal y, como se dijo, a la Fiscalía de Edomex, y que tuvo lugar por primera vez en diciembre pasado. Sin embargo, esta vez pronto se difundieron videos donde agentes sembraron droga en los establecimientos, lo que pone en duda la la legalidad de las detenciones y las clausuras.

La justificación de este operativo derivó de la creciente preocupación por el incremento de actividades ilícitas en algunos establecimientos comerciales, en particular barberías, las que de acuerdo con las autoridades, mantienen una alarmante conexión entre diversos delitos de alto impacto y están relacionadas con delitos como homicidios, secuestros, delitos sexuales, lesiones, narcomenudeo y extorsión.

Todo lo anterior generó molestia entre la clase política mexiquense debido a que el Operativo Atarraya se llevó esta vez con la participación de la Fiscalía de Edomex conociendo los detalles horas antes de que si iniciaran las acciones, cuando la autoridad federal solicitó la colaboración de agentes de la agencia mexiquense, aunque dirigiendo los trabajos el equipo a cargo del secretario Omar García Harfuch.

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Así lo pudo saber esta redacción entre agentes de la Fiscalía del Edomex, quienes se quejaron de que el superpolicía parece saltar la autoridad local en estas acciones, por lo que quizá de ahí vendría el fiasco de las acusaciones de "siembra de droga" en los establecimientos y la poca cooperación de los policías locales, quienes cada vez más se ven contra las rejas en estos operativos.

Incluso se difundió la versión de que Harfuch no habría solicitado la autorización del Gobierno del Estado sino hasta que sus agentes ya estaban en la Fiscalía de Edomex. Por ahora la gobernadora Delfina Gómez se ha limitado a respaldar el actuar de la Secretaría de Seguridad Federal, aunque hay desconcierto en el Palacio de Gobierno de Toluca sobre la viabilidad de que continúen operativos como el realizado en 20 municipios de Edomex el fin de semana pasado.