El boom de los autos eléctricos entre las automotrices en todo el mundo ha disparado la demanda del litio y aumentado su precio hasta un 750% desde principios del 2021, sin embargo, las políticas federales de los gobiernos latinoamericanos podrían limitar la explotación económica de este recurso y eliminar lo que podría ser "la gallina de los huevos de oro".

Dentro del Triángulo del Litio, que abarca partes de Argentina, Bolivia y Chile, los gobiernos de estas últimas dos repúblicas han nacionalizado el mineral para proteger los intereses internos, lo que ha desviado la inversión extranjera al territorio argentino.

En el caso de Bolivia, Evo Morales nacionalizó el material en 2008 y prometió convertir a su nación en una potencia minera mundial, sin embargo, tras la apertura del proyecto que arrancó en 2013, la producción de la planta es casi inexistente y ahora tiene la obligación de producir cantidades más significativas para solventar la inversión de 900 millones de dólares que inyectó para la fábrica.

En Chile, motivados por el temor que el Litio pudiera representar en el desarrollo de bombas nucleares, el gobierno de Pinochet dictó un control estricto en la década de 1970, ahora con la entrada de Gabriel Boric, su administración planea crear una compañía paraestatal de litio a discutirse en un referéndum en septiembre. Por ahora las dos únicas mineras de litio que operan alquilan sus tierras a una agencia estatal, que limita cuánto pueden producir.

Este mismo ejemplo se ha replicado más recientemente en México, con la reforma de nacionalización del Litio que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió para que las empresas extranjeras se mantuvieran lejos del recurso.

Por el contrario, Argentina ha estado más abierta a la inversión privada y ha recibido una afluencia de inversionistas y gigantes automotrices mundiales, entre ellos Toyota, que ya tiene una participación en una mina local; y Ford y BMW, que pactaron acuerdos para recibir litio argentino de las 19 mineras que la nación podría tener para 2031

El temor que han proclamado los gobiernos de izquierda se ha enfocado en proteger la agenda ambiental y los derechos indígenas sobre la minería, pues el desgaste de recursos como el agua es visiblemente mayor que en la producción de otros materiales; además proponen que un control estatal sólido sobre el litio ayudará a impulsar el desarrollo local y a llenar las arcas públicas.