La reforma recién aprobada que regresa a Pemex su clasificación de ‘empresa pública' abre el debate sobre las chances que tendría el gobierno federal de adquirir la deuda de la petrolera mexicana, una medida que presionaría las metas fiscales del gobierno.

Este miércoles el Senado aprobó el decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para precisar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas "públicas'' del Estado. La iniciativa plantea cambios posteriores a leyes secundarias como la ley del Fondo del Petróleo, entre otras que implicarían la reestructuración de la deuda.

Aún no es claro cuál será las modificaciones que se harán en adelante en este sentido, no obstante, algunas voces ya asumen que la intención del gobierno de absorber la deuda de la petrolera mexicana que de acuerdo con el último reporte, asciende a 99,400 millones de dólares.

La medida por ahora generó una respuesta positiva para los mercados, pues se asume una supervisión más estricta por parte de la Secretaría de Hacienda sobre sus operaciones y estrategias financieras y dijo que incluso podría llevar a una revisión a su nota. Lo cual reduce el riesgo sobre los bonos de deuda.

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Sin embargo, el que efectivamente el gobierno buscara asumir la deuda completa, si bien daría un respaldo más eficiente para el mercado, por otro lado, implicaría un alto costo para las finanzas públicas, explica César Rivera de Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del CIEP.

Esta medida implicaría una encrucijada para el gobierno: o reducir el gasto en otros rubros para hacer frente a la deuda de la petrolera o implementar una reforma fiscal, explica el especialista.

En el primer caso implicaría un reto más para poder llegar a la meta de reducir el déficit a 3.5%, una ruta que vigilarán con atención las agencias calificadoras crediticias y que, como han dicho, podría implicar cambios en su calificación.

"La absorción de la deuda de Pemex ya lo hizo el gobierno federal de manera no oficial y pudo tener repercusiones en las finanzas públicas", señaló Rivera de Jesús.

El experto recuerda que, de alguna manera, el gobierno absorbió obligaciones de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En cálculos de el CIEP, en ese periodo se destinó un billón de pesos para la petrolera mexicana, el 65% de estos recursos fueron solo para las obligaciones de deuda de corto plazo, recursos que dejaron de destinarse a otros rubros del gasto público.

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En el otro caso, por el momento el gobierno insiste en que no piensan aplicar una reforma fiscal para incrementar los ingresos, en cambio, apuestan por mantener la estrategia recaudatoria desde el SAT y la digitalización de estos procesos, entre otras medias.

Por ahora los especialistas esperan más definiciones sobre las modificaciones a las leyes secundarias y la posibilidad de, a partir de estas acciones, reestructurar la deuda de Pemex.