En 2025, el gobierno federal destinará más de 836,000 millones de pesos a programas y acciones de desarrollo social. Eso representa un aumento del 13.7% respecto al año anterior. Con la reforma que eliminó al Coneval como órgano responsable de medir la pobreza y evaluar la política social, algo cambió: no hay un marco legal claro que garantice que los programas deban tener metas claras, indicadores de cobertura o impacto, y que se corrijan si no las cumplen.

En el sistema anterior, Coneval no decidía sobre el dinero destinado a programas sociales, pero aportaba evidencia. Un ejemplo del pasado reciente fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El programa emblema de la "Cruzada Nacional contra el Hambre" fue ajustado desde su diseño gracias a observaciones del Coneval. Esas evaluaciones permitían corregir errores, mejorar resultados y vincular el presupuesto a la evidencia.

Sin embargo, "tampoco era perfecto. Era más bien truculento, porque podía evaluar los programas que el gobierno federal se dejaba evaluar. Estaba sujeto a que la Secretaría de Bienestar le de información para hacerlo", relativiza en diálogo con LPO la directora de México, ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez.

Expertos critican la desaparición del Coneval: "Perdemos 20 años de aprendizaje en política social"

La desaparición del Coneval preocupa a medida que el gasto crece. Hoy existen más de 7,900 programas y acciones de desarrollo social registrados en el país. La mayoría -más del 85%- se implementan a nivel municipal.

Algunos de estos programas tienen alcance nacional y son masivos y fundamentales: la pensión para adultos mayores, por ejemplo, tiene más de 12 millones de beneficiarios y representa casi la mitad del gasto social federal; las becas Benito Juárez llegan a millones de estudiantes. Otros, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, apuntan a problemas estructurales como el empleo rural o la inserción laboral.

Muchos otros son intervenciones pequeñas: desde talleres comunitarios hasta brigadas de salud, explica a LPO Fernanda García, directora de sociedad del IMCO. Sin una evaluación técnica, es difícil saber si tienen impacto real o si solo sirven para repartir recursos sin estrategia.

 Estamos arrancando programas nuevos y gastando más de un billón de pesos en desarrollo social sin ningún mecanismo real de evaluación 

Además, la evaluación que queda ahora es mucho más limitada. Hasta hace poco, el Programa Anual de Evaluación incluía más de 120 programas federales con seguimiento técnico. Este año, bajo el mando de Hacienda, la lista se redujo a apenas 12. ¿Qué pasa con los otros cien? Nadie sabe si se van a evaluar.

"Estamos arrancando programas nuevos y gastando más de un billón de pesos en desarrollo social sin ningún mecanismo real de evaluación", advierte Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En sus últimos informes, Coneval todavía advertía que solo el 40% de los programas evaluados tenía indicadores adecuados. Y que muchos -incluso los más costosos- seguían sin definir a quién debían beneficiar ni cómo se medirían sus resultados. Esa evidencia ya no será obligatoria. Y en su lugar, el sistema queda sujeto a la lógica de gasto, pero no de impacto.