El diputado Alfonso RamÃrez Cuéllar presentó dos iniciativas para fortalecer las herramientas del Estado frente a prácticas de evasión, simulación y corrupción que afectan los recursos públicos y debilitan las finanzas del paÃs.
La primera iniciativa propone reformas al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley General de Sociedades Mercantiles para prevenir, detectar y sancionar el uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, simuladas o falsas.
La propuesta fortalece los controles desde la constitución de las empresas, establece mayores mecanismos de verificación para proveedores del sector público y plantea responsabilidades para servidores públicos, dirigentes sindicales y otros participantes cuando intervengan en este tipo de operaciones.
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Asimismo, fortalece las obligaciones de transparencia y comprobación de los sindicatos sobre sus ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y erogaciones.
La propuesta también incorpora otros candados para evitar prácticas que erosionan la base tributaria. Las pérdidas fiscales acumuladas sólo podrán disminuir hasta 50% de la utilidad de cada ejercicio, aunque se amplÃa de 10 a 20 años el periodo para aprovecharlas.
Asimismo, el lÃmite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada y desaparece el régimen opcional para grupos de sociedades que permitÃa diferir parte del ISR.
La segunda iniciativa está dirigida al combate al robo de hidrocarburos y al huachicol fiscal. Para ello, plantea fortalecer los controles volumétricos, mejorar el intercambio de información entre las autoridades fiscales y regulatorias, sancionar las discrepancias volumétricas no justificadas y combatir la comercialización de combustibles en lugares no autorizados.
También propone fortalecer las medidas de aseguramiento y extinción de dominio sobre bienes vinculados con estas actividades ilÃcitas.
RamÃrez Cuéllar señaló que ambas propuestas responden a una misma prioridad, cerrar espacios a la corrupción y evitar que la evasión fiscal, la simulación de operaciones y el comercio ilÃcito generen ventajas indebidas frente a quienes cumplen con la ley.
"Se trata de cuidar los recursos públicos, combatir la simulación y fortalecer la capacidad del Estado para actuar con mayor oportunidad y eficacia", afirmó.
Entre los principales beneficios se encuentran una mayor protección del erario, mejores controles sobre el ejercicio de los recursos públicos, mayor trazabilidad de las operaciones y una fiscalización más efectiva.
Las reformas también buscan fortalecer la recaudación, reducir la competencia desleal y generar condiciones más equitativas para empresas, trabajadores y contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
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El legislador destacó que estas medidas permitirán avanzar hacia un sistema fiscal más transparente y con mayores capacidades para prevenir el daño antes de que ocurra, fortaleciendo las instituciones y la confianza en el uso de los recursos públicos.
"La lucha contra la corrupción también significa impedir que el dinero público se pierda por facturas falsas, operaciones simuladas o actividades ilÃcitas. Fortalecer las finanzas públicas es fortalecer la capacidad del Estado para generar bienestar", concluyó.
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