Las sanciones interpuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra el Banco de Bienestar, abren tensiones en el equipo ecónomico, especialmente porque, según ha podido conocer LPO, voceros de la Secretaría de Hacienda comenzar a avisar a diversos medios allegados que las amonestaciones carecen de sentido.

Destaca que la acción proviniera de la CNBV, encabezada por Ángel Carrera, funcionario identificado por distintos actores del mercado como cercano al exsecretario Rogelio Ramírez de la O, quien reapareció días tras para impulsar la candidatura de Roberto Lazzeri en la embajada mexicana de Estados Unidos.

Debe decirse: el tema es espinoso porque en el equipo de Amador culpan a Ramírez de la O de la sanción del Tesoro contra Vector, CI Banco e Intercam, entidades que fueron fulminadas por la sospecha de supuesta colusión con el narco. Creen que el exsecretario no se ocupó lo suficiente y, por eso mismo, el enojo por la sanción al Banco del Bienestar que proviene de un funcionario de su cercanía.

"Ahora que Rogelio recuperó un poco de protagonismo, es como si quisiera ser sumamente purista en todo lo referido a regulación y por eso las sanciones de la CNBV", dicen en Hacienda.

La lectura cobra relevancia en momentos en que crecen los rumores sobre la salida de Amador Zamora de Hacienda, en medio de los señalamientos por el débil crecimiento económico, las tensiones entre el SAT y el sector empresarial y la percepción de un menor control sobre los principales organismos financieros.

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La publicación de estas sanciones ocurre en un momento tenso para el país y Estados Unidos: a un año de las acciones que tomó el Tesoro contra tres entidades financieras del país, no se dispersa el temor de que pueda venir otro embate, del cual no está exento el Banco del Bienestar.

Vale recordar que, a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se mencionó en la Secretaría del Bienestar que, el entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero, tenía un expediente sobre operaciones de lavado que golpeaban al banco estatal. Finalmente se desestimaron esas especulaciones.

En ese contexto, en el círculo financiero advierten que la obligación del regulador es supervisar a la entidad estatal, es decir, hay un trasfondo técnico que justifica la acción, pues una omisión por parte de la CNBV resultaría problemática. Pero tampoco se descarta algún matiz político.

El banco acusa "daño reputacional"

Este martes, el regulador bancario dio a conocer que interpuso 10 multas contra el Banco del Bienestar por irregularidades detectadas entre 2020 y 2023. Los señalamientos van desde incumplimiento a diversas disposiciones regulatorias, errores en registros contables, deficiencias en la gestión de riesgos y fallas en medidas básicas de seguridad.

Tras este informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avisó que estas sanciones no representan un daño patrimonial para los usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera, garantizando el funcionamiento normal de la institución.

Es importante precisar que las sanciones administrativas referidas no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera, ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar

En su comunicado, señaló que las observaciones hechas por la autoridad fueron atendidas "mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional".

Pero llamó la atención que el banco estatal interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual, acusó, que resulta inconstitucional la publicación de las multas.

De acuerdo con el diario Reforma, el banco acusó "daño reputacional irreversible e irreparable" y calificó la acción como una "picota pública", pues la entidad financiera estatal consideró que se difundieron sanciones que aún no han sido confirmadas luego de un juicio.