El Gobierno colocó en los mercados internacionales un bono por 12,000 millones de dólares para apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex). La operación fue anunciada por Hacienda, que explicó que se trata de una emisión de notas estructuradas Pre Capitalizadas, P-Caps, con vencimiento en 2030.
Este tipo de instrumento financiero no es común en México y permite al gobierno captar recursos frescos para aliviar los compromisos financieros de la estatal, sin que Pemex los asuma directamente como deuda. Aunque en un primer momento se aseguró que esta operación no implicarÃa un aumento de la deuda pública, Hacienda aclaró que sà será registrada dentro del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros, que es la medida más amplia de la deuda nacional.
La emisión tuvo una fuerte demanda. Inversionistas institucionales de todo el mundo ofrecieron 23,400 millones de dólares, casi el doble del monto finalmente colocado. Este entusiasmo permitió mejorar las condiciones del bono: se redujo el costo del financiamiento, con una tasa fija de interés anual de 5.5%, y se acortó la diferencia respecto al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica una mayor confianza de los inversionistas en la operación.
Según Hacienda, los fondos se utilizarán para pagar vencimientos de deuda e intereses de Pemex durante 2025 y 2026.
Esto forma parte de una estrategia más amplia que busca estabilizar la situación financiera de la petrolera, que sigue siendo una de las empresas más endeudadas del mundo.
Como anticipó LPO, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum promete presentar un plan para reestructurar a Pemex en Palacio Nacional el próximo jueves. Se trata de un plan que contempla la reducción administrativa, asà como la emisión de nuevos instrumentos financieros en el mercado para atender su deuda financiera de más de un billón de pesos e impulsar la producción de crudo, con una meta de 1.7 millones de barriles diarios para la petrolera y 1.8 millones en conjunto con los privados.
Como anticipó LPO, el plan que se discute plantea la eliminación de hasta 3 mil plazas de confianza -sin tocar a sindicalizados-, asà como reestructura administrativa que implica la eliminación de algunas áreas y la creación de otras.
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