La calificadora Fitch ratificó este miércoles la nota crediticia de México en BBB- con perspectiva Estable, pues afirma que el gobierno tiene posibilidades de alcanzar sus metas fiscales, a pesar de la desaceleración de la economía.

La ratificación de la nota de Fitch, que hay que decirlo, representa un nivel previo a perder el grado de inversión, se sustenta "en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas robustas y una economía grande y diversificada", según explica la agencia calificadora.

No obstante, también señala que la calificación se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, indicadores de gobernanza deficientes, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, y pasivos contingentes de Pemex y considera que el punto de partida fiscal es débil.

Un punto clave en la conclusión de Fitch es que ven viable el cumplimiento de las metas financieras del gobierno de Claudia Sheinbaum a pesar del contexto adverso, principalmente debido a la recaudación tributaria que aumentó 10% en términos reales durante el primer bimestre de 2025

"Refleja resiliencia y posibles beneficios de algunas medidas (por ejemplo, impuestos al comercio electrónico), mientras que los recortes de gasto siguen en marcha", dijo.

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Aunque la calificadora también reconoce riesgos, como la debilidad económica. En ese sentido, estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano muestre una contracción de 0.4% al cierre del año, principalmente por la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos y la alta sensibilidad que tiene México ante la guerra arancelaria de Trump.

Además, advierte riesgos por una menor producción o los precios del petróleo y por los compromisos de gasto imprevistos (por ejemplo, los relacionados con los compromisos de seguridad con EE. UU.). Aun así, considera que el gobierno tiene opciones de recurrir a fondos de estabilización modestos y beneficiarse de un probable dividendo de Banxico, que en sus estimaciones rondará el 0.5% del PIB.

Sobre el Plan México y la reforma para el sector energético, señala que no está claro el grado de adopción del sector privado, dadas las preocupaciones sobre el entorno empresarial, agravadas por las recientes reformas para reformar el poder judicial y desmantelar los organismos reguladores autónomos.